Los abogados de la presa de ETA Inés del Río han asegurado que van a solicitar la "inmediata" puesta en libertad de 56 reclusos a los que se ha aplicado retroactivamente la 'doctrina Parot', anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En una rueda de prensa celebrada en la tarde de este lunes  en Bilbao en la sede del Colegio de Abogados de Vizcaya, los letrados han subrayado su "alegría y satisfacción completas" por el fallo de la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo. La abogada Amaia Izko, que ha actuado como portavoz del equipo de letrados que ha llevado el caso de Inés del Río, ha subrayado que la 'doctrina Parot' "está muerta". Ha destacado que el Gobierno debe "cumplir la sentencia" y que "no existe ningún margen jurídico" para no hacerlo. "Toca poner en libertad a quien se ha aplicado retroactivamente la 'doctrina Parot' inmediatamente. Cada minuto que continúan en prisión es un minuto de vulneración y desprecio de los derechos fundamentales", ha destacado.

La letrada ha cifrado en 56 los presos de ETA cuya excarcelación van a solicitar "con prontitud", en los próximos días. Ha indicado que, en su sentencia, el tribunal europeo "constata que ha habido una vulneración de derechos fundamentales en el Estado español y una quiebra del estado de derecho", dos cuestiones que "han sido y son las bases de su política antiterrorista".

Ante la reunión extraordinaria que celebrará este martes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para estudiar si debe excarcelar a Inés del Río, la abogada de la reclusa ha considerado que "lo único que puede ocurrir es que se acuerde su libertad". Respecto de la intención del Gobierno de no pagar a Inés del Río la multa de 31.500 euros impuesta por la sentencia europea y descontar esa cantidad de la deuda que mantiene la reclusa por las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo, la abogada ha expresado sus "dudas" de que el Ejecutivo pueda hacerlo.

Ha resaltado que, tras la resolución judicial, "la alegría es mucha, pero llega muy tarde". La abogada ha recordado que el tribunal europeo ya se pronunció en primera instancia, el pasado año, a favor de Inés del Río y ha dicho que, al recurrir ese fallo, el Gobierno "solo buscaba mantener en el tiempo una situación vulneradora de derechos fundamentales por el rédito que le podida producir en su política antiterrorista".

Sobre el pronunciamiento del Gobierno de que "el estado de derecho no está en suspenso", Amaia Izko ha dicho que "lo que está en suspenso son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y se lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo alto y claro".