Izquierda Unida (IU), Los Verdes y la asociación Justicia y Sociedad se han querellado este jueves contra el Partido Popular (PP) como persona jurídica y contra su actual tesorera, Carmen Navarro, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores que el antiguo responsable de las finanzas 'populares' y exsenador Luis Bárcenas utilizaba en la sede de Génova.

La querella atribuye al PP y a Navarro un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento por la destrucción "grave y relevante" de pruebas relativas a la investigación sobre la supuesta contabilidad B de la formación que instruye el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

"En los hechos relatados en la presente querella aparecen acciones de una indudable gravedad, máxime cuando diferentes responsables, representantes o empleados de un partido político han podido realizar delitos contra la administración de justicia", señala el escrito, que se ha presentado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Esperanza Collazos, en favor de la que se inhibió Ruz tras entender que estos hechos podrían revestir "relevancia penal" por delitos que escapaban de su competencia.

Los querellantes sostienen que "no cabe duda" del conocimiento que tenían los responsables del Partido Popular, y desde luego su actual gerente y tesorera, de la investigación que se estaba desarrollado en el Juzgado Central de Instrucción número 5, así como del "alcance" de la misma.

Frente a la versión del PP de que los discos duros de los dos ordenadores (un Macintosh y un Toshiba) fueron destruidos para ponerlos al servicio de "un nuevo trabajador del partido", IU destaca que los peritos policiales declararon que los ordenadores fueron formateados el 3 de julio de 2013, seis días después del ingreso en prisión de Bárcenas en el marco del 'caso Gürtel', y que no existen "evidencias que indiquen que dicho ordenador ha sido usado con posterioridad por empleado alguno del Partido Popular".

La querella, de 32 páginas, sustancia la presunta responsabilidad penal de Navarro en el hecho de que como tesora y gerente del PP tuvo "participación en la destrucción u ocultación de diferentes soportes materiales con alcance probatorio, todo ello por acción u omisión directa y con absoluto conocimiento por parte de la querellada de las investigaciones de índole criminal" que se seguían en la Audiencia Nacional.

Según el Estatuto de los Gerentes y secretarios técnicos del Partido Popular, entre las funciones del gerente se encuentran "la organización técnica de la sede del partido, la elaboración y actualización del inventario de la sede, la teneduría de cuentas o la elaboración y puesta al día del archivo documental del partido". Por ello, los querellantes entienden como "evidente" su responsabilidad orgánica en "la custodia de los discos duros destruidos, así como de las agendas de los tesoreros y otros soportes".

En relación con el PP como persona jurídica, IU y las otras dos asociaciones exponen que la "destrucción y ocultación de pruebas" se realizó en su sede nacional y "con el pleno conocimiento de los responsables" de la formación conservadora.

Aun sin saber "quién de manera directa" pudo destruir los discos duros, la querella pone de relieve que en sus escritos al juez Ruz el PP se atribuye esta actuación y trata de presentarla como "algo habitual y que forma parte de la rutina y actividad diaria en la gestión administrativa del propio partido".

En este contexto, esta parte solicita a la juez Collazos que tome declaración a la tesorera del PP en calidad de imputada y cite como testigos a Bárcenas; la que fuera su secretaria Estrella Domínguez; su cuñado y exjefe de Seguridad de Génova, Antonio de la Fuente, y el abogado de los 'populares', Alberto Durán.

También solicita que la formación aporte la última copia de seguridad realizada en el servidor de su intranet y que identifique tanto a los responsables del departamento de informática que llevaron a cabo el formateo de los discos duros de Bárcenas como a quienes destruyeron el registro de visitas y las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Finalmente, reclama que el PP aporte "las fechas de las reuniones de la Ejecutiva Nacional del partido del año 2013 con el objeto de verificar los hechos aquí manifestados, así como el Estatuto de los Gerentes y secretarios técnicos del Partido Popular vigentes en la actualidad".