Recapitalizaciones, banco malo... las ayudas a la banca española superan ya los 159.000 millones

Recapitalizaciones, banco malo... las ayudas a la banca española superan ya los 159.000 millones

Rescate
Billetes de euro sobre una bandera de la Unión Europea. (ARCHIVO)
  • Las cifras oficiales del Banco de España limitan las ayudas públicas a 61.366 millones, pero se obvian partidas millonarias de dinero público y privado.
  • Así, las entidades han obtenido más de 50.000 millones traspasando sus activos tóxicos al Sareb, y tienen más de 40.000 millones en pérdidas protegidas.
  • Bruselas estima que el 87% de las inyecciones de capital serán pérdidas (43.000 millones); el FROB estima que se perderá el 72% (36.197 millones).

El pasado mes de septiembre, el Banco de España publicaba una nota informativa en la que contabilizaba las ayudas públicas destinadas a recapitalizar el sistema financiero español entre 2009 y 2013. La cifra oficial es de unos 61.366 millones de euros, incluyendo el rescate europeo de unos 40.000 millones. No reconoce -como el propio supervisor bancario admite, "por su distinta naturaleza"- otro tipo de ayudas puestas a disposición de las entidades con el apoyo explícito o implícito de las administraciones públicas.

El propio Banco de España reconoce que no contabiliza oficialmente todas las ayudas al sistema financiero Sumando esas otras ayudas reales pero no contabilizadas por las estadísticas oficiales, la recapitalización de la banca española habría costado ya más de 159.000 millones de euros, contando con otras medidas como los esquemas de protección de activos y las distintas adquisiciones de activos tóxicos, según cálculos de este diario a partir de informes de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda.

A una cifra de ayudas similar -más de 156.000 millones- llega el catedrático de economía Joaquín Maudos, en un artículo publicado en el último número de los Cuadernos de Información Económica publicados por la Fundación de Cajas (Funcas). En su caso, sin embargo, a las inyecciones de capital (54.700 millones) suma otros 101.600 millones entre distintos tipos de "deudas contingentes".

Pérdidas en las ayudas directas

El contribuyente ha rescatado directamente al sistema financiero español por medio de dos programas de ayudas públicas (llamados FROB 1 y 2) que costaron 977 y 13.427 millones de euros, respectivamente, y la recapitalización directa del programa de asistencia europea, por un importe de más de 39.078 millones de euros. El Banco de España suma además otros 7.884 millones de euros sufragados por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), organismo que cuenta con la garantía del Estado.

Técnicamente la participación pública en el Sareb es de 2.000 millones, pero es el garante de 50.000 millones en deuda Los cálculos vigentes elaborados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) estiman ahora que se perderá el 72% de la inversión realizada: más de 36.197 millones, cifra admitida por el propio Gobierno. La Comisión Europea, por su parte, elevan estas pérdidas hasta el 87% de las inyecciones, más de 43.000 millones que irán directamente al déficit público. Hasta aquí las cuentas oficiales; pero la salvación del sistema financiero tiene más costes.

Más de 52.000 millones del 'banco malo'

Es el caso, por ejemplo, del llamado banco malo, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), un organismo semipúblico que ha adquirido un 40% de los activos tóxicos (suelo, créditos a promotores, inmuebles...) del sistema financiero. Dichos activos, pese a que se adquirieron con un descuento medio del 63% sobre su valor teórico (estimado por la propia entidad en sus cuentas), no encontraban otro comprador desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, y han supuesto así una inyección indirecta de capital para las entidades.

Técnicamente la participación pública en el Sareb, la inmobiliaria más grande de España, es de 2.192 millones, que es el importe de dinero público que se ha empleado para entrar en el capital de esta entidad. Sin embargo, los más de 50.000 millones gastados para adquirir los activos tóxicos son deuda avalada por el Estado. Es decir: la inmensa mayoría del riesgo por futuras pérdidas del banco malo está respaldada por los ciudadanos españoles. "Simular que no es una empresa pública [el 55% del accionariado es privado] no es otra cosa que un flagrante fraude de ley", tal como señala el economista Carlos Sánchez Mato, de la Plataforma para la Nacionalización de las Cajas.

Tampoco se contabilizan oficialmente, pero se han empleado, otros más de 21.000 millones de euros que la administración dispuso en distintos planes para dotar de liquidez a las entidades financieras, como el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), liquidado en 2012.

Los EPA, ayuda para la banca sana

Los esquemas de protección de activos suponen un blindaje contra posibles pérdidas al comprar una entidad nacionalizada El Banco de España admite también que no contabiliza los llamados "esquemas de protección de carteras de activos" (EPA). Este tipo de programa supone, en teoría, un apoyo a la integración de entidades financieras con problemas dentro de entidades sanas, por medio de una garantía pública sobre las futuras pérdidas de determinados activos. Así, por ejemplo, el Banco Sabadell adquirió la CAM en 2011 con la condición de gozar de un blindaje por el 80% de las futuras pérdidas de una cartera valorada en 16.000 millones de euros.

Los EPA, que permiten a las entidades reducir su volumen de provisiones (es decir, sus reservas obligatorias para futuras pérdidas), son "un concepto muy diferente al de la inyección de capital", tal como señala el supervisor bancario. Sin embargo, han supuesto para todo el sistema financiero español un importe -en garantías a determinados activos- de más de 35.681 millones de euros, que pueden dar lugar a pérdidas a medida de pase el tiempo. Hasta el momento, y según datos oficiales, las pérdidas esperadas alcanzan ya los 6.506 millones de euros, "que se encuentran provisionados en los estados financieros del FGD y del FROB", ambas instituciones con la garantía final del Estado.

Mayor aún es la factura de los esquemas de protección de activos según los últimos cálculos publicados por el Servicio de Estudios de La Caixa, que en un informe de enero estimaba en 42.000 millones el total de créditos e inmuebles protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, y de los que se esperan unas pérdidas del entorno de los 10.000 millones de euros.

Avales y préstamos

La deuda bancaria avalada por España supera los 64.000 millones, y los préstamos del BCE los 350.000 millones Las líneas de avales públicos es otra de las vías que han tomado las autoridades españolas desde el inicio de la crisis para auxiliar al sistema financiero. Como las entidades tenían cerrado en la práctica el acceso a financiación del exterior (durante años los mercados interbancarios permanecieron casi cerrados) el Estado ejerció de avalista último, de forma que aumentaran las garantías. Hasta el momento se han devuelto, con intereses, el 48% de los créditos avalados por la administración.

Las cifras en cuanto a los avales públicos puestos a disposición de bancos y cajas varían, según las fuentes. Para el Servicio de Estudios de La Caixa el montante de deuda no vencida (es decir, aún vigente) asciende a más de más de 64.000 millones, mientras que la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda eleva la cantidad hasta los 110.000 millones. También han ayudado a mantener la liquidez del sistema financiero los préstamos del Banco Central Europeo (BCE) que han supuesto un montante de más de 350.000 millones de euros, y que se tendrán que devolver.

Créditos fiscales de más de 63.000 millones

Los activos fiscales permiten pagar menos impuestos en el futuro por pérdidas en el presente Mención aparte merecen los activos y créditos fiscales, una "ayuda a la banca por la puerta de atrás", tal como la define Carlos Sánchez Mato, de la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas. En total suponen más de 63.000 millones de euros que se han contabilizado como beneficios, y de los que el Estado podría acabar siendo el responsable.

Tal como los define el propio BBVA, los activos fiscales diferidos son "impuestos que se han de recuperar en ejercicios futuros, incluidos los derivados de bases imponibles negativas o bonificaciones fiscales pendientes de comepnsar". Es decir, a las entidades que han sufrido pérdidas en sus balances se les ha permitido reducir las mismas en concepto del impuesto de sociedades que se ahorrará en los próximos años (ya que Hacienda permite compensar las pérdidas actuales con menos tributos el futuro). Eso sí, hace imprescindible que existan beneficios en el futuro para poder activar dichos créditos fiscales.

La banca española ha utilizado masivamente esta herramienta como si de capital propio se tratara, y las fuentes del sector consultadas por este diario sitúan la cantidad total entre los 63.000 y los 50.000 millones de euros. El problema es que las nuevas normas que aplicará la banca internacional (normas conocidas como Basilea III) impiden que estos activos fiscales formen parte del capital mínimo exigido. Es decir: que sin garantía pública explícita de esos créditos fiscales, las entidades tendrían que conseguir nuevo capital (accionistas) por una cantidad equivalente.

Los canjes forzosos de preferentes y deuda subordinada han inyectado 13.600 millones en las entidades nacionalizadas El Gobierno, tras meses de negociaciones con las entidades, ha llegado a un acuerdo para permitir que éstas puedan seguir contabilizando como capital entre 25.000 y 30.000 millones de euros, tal como informó Voz Pópuli. En resumen: se dará privilegios fiscales a la banca, que podrán no pagar impuestos en función de sus pérdidas. El Estado recaudará menos para evitar nuevas quiebras del sistema financiero español.

Las preferentes, una ayuda privada

La imposición de pérdidas a los inversores de participaciones preferentes y deuda subordinada es otra ayuda, en este caso privado, que ha colaborado a recapitalizar a las entidades financieras en problemas. Con los eufemismos de una "gestión de híbridos" y un "reparto de la carga" y la excusa de reducir el coste para el contribuyente, la Comisión Europea forzó a las cajas nacionalizadas a convertir a sus preferentistas en accionistas forzosos, aplicándoles además unas pérdidas en el canje de hasta el 73% de lo invertido.

El coste total, según las estimaciones del propio FROB, es que los dueños de preferentes y deuda subordinada han aportado 13.600 millones de euros para recapitalizar al sistema financiero español. Estos nuevos accionistas y los antiguos son, sin embargo, los que "han asumido la mayor parte del rescate a la banca", en opinión del profesor Joaquín Maudos. Según sus estimaciones las entidades han dedicado más de 250.000 euros a provisiones desde el inicio de la crisis; estos saneamientos se han cargado contra reservas, lo que explica los malos resultados del sector en la Bolsa desde 2009.

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