El Gobierno asegura que 520.572 personas han sido descubiertas en el último año y medio como "perceptoras indebidas" de prestaciones por desempleo por un valor de 3.161 millones de euros. Así lo ha desvelado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el que se ha analizado un informe de los resultados del plan contra el fraude.

Fuentes del Ministerio de Empleo se apresuraban a aclarar a 20minutos poco después que esta cifra es producto de la suma de aquellos que han cometido fraude y de aquellos que han incumplido, por algún motivo, las condiciones para recibir la prestación. Los primeros, explican, son sancionados con la retirada de la prestación; los segundos, con una suspensión de uno, tres o seis meses.

Las mismas fuentes insisten, por tanto, en que ese millón y medio de personas no son 'falsos parados', tal y como se ha desprendido en un primer momento de las palabras de la vicepresidenta, que al principio de su intervención ha hablado de "infractores" que "cobran indebidamente" las prestaciones, pero que ha terminado refiriéndose a ellos como "personas que cobran prestación por desempleo y que sin embargo trabajan fraudulentamente, en B". Todos.

La confusión se debe también a que el pasado mes de agosto el departamento de Fátima Báñez aseguraba que en el primer semestre de 2013 se retiró la prestación por desempleo a 60.004 beneficiarios "por falta de disponibilidad para el empleo, incumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la misma, frente a 52.269 en 2012". Una cifra que no concordaría, proporcionalmente, con el medio millón en año y medio; la cifra del ahorro a los contribuyentes de entonces sí es la misma que este viernes ha dado la vicepresidenta, 3.161 millones.

Las fuentes de Empleo explican que esos 60.000 beneficiarios sí habrían cometido fraude, mientras que habría otros 123.945 que en los primeros seis meses de 2013 habrían recibido suspensiones. Empleo dijo, por su parte, en agosto que solo hubo 5.833 trabajadores en los primeros seis meses del año que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo.

La referencia del Consejo de Ministros de este viernes dice que "la mayoría" de los 520.000 perceptores "han sido sancionados por el incumplimiento de requisitos" —muchas veces son meras cuestiones administrativas, olvidos, etc—; las fuentes de Empleo han ofrecido a última hora de la tarde el desglose completo de las cifras:

Período: enero 2012 - junio 2013 | Retiradas de prestación: 159.793 | Suspensiones: 360.779.

Período: primer trimestre 2013 | Retiradas de prestación: 60.004 | Suspensiones: 123.945.

Período: año 2102 | Retiradas de prestación: 99.789 | Suspensiones: 236.834.

Según el Servicio Público de Empleo Estatal, el pasado mes de agosto hubo 2.879.784 beneficiarios de prestaciones. El Gobierno asegura que durante el último año y medio se han realizado más de dos millones y medio de actuaciones de control. Al no haberse publicado el informe contra el fraude como tal, no es posible obtener un detalle mayor de estas cifras, como por ejemplo el número de total de personas que compatibilizaron prestación y trabajo.

Hay varios tipos de infracciones y de sanciones dentro de la ley y la reincidencia suele ser un factor determinante para que una suspensión pueda terminar en una retirada de la prestación.

Se sanciona con un mes de suspensión de la prestación a aquellas personas que cometen una infracción leve.

Es decir, que no comparecen a requerimiento de la entidad gestora, la oficina de empleo, la agencia de colocación o la entidad asociada; no renuevan la demanda de empleo en forma y fecha; no devuelven a la oficina o a la agencia, en el plazo de cinco días, el justificante de haber comparecido para cubrir las ofertas facilitadas; no cumplen las exigencias del compromiso de actividad.

Todo salvo causa justificada. Si hay reincidencia, además, la segunda infracción se sancionará con la pérdida de la prestación durante tres meses, la tercera infracción, con la pérdida de la prestación durante seis meses y la cuarta infracción con la extinción del derecho a la prestación.

Son infracciones graves rechazar una oferta de empleo adecuada o negarse a participar en programas de empleo (tres meses de pérdida de sanción y, si hay reincidencia, seis o extinción) y no comunicar las bajas en la prestación cuando se produzcan situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos para su percepción (extinción).

Por último, son infracciones muy graves compatibilizar la prestación con un trabajo por cuenta propia o ajena -salvo en el caso de trabajo a tiempo parcial en el que se haya optado por seguir percibiendo la prestación-; obtener fraudulentamente prestaciones indebidas o superiores; la connivencia con el empresario para la obtención indebida; la no aplicación o la desviación en la aplicación de las prestaciones por desempleo capitalizadas por los trabajadores.

Las sanciones son, en estos casos, la extinción de la prestación, el reintegro, en su caso, del dinero y la exclusión del derecho a percibir cualquier prestación económica por desempleo o fomento de empleo durante un año.

La vicepresidenta del Gobierno ha añadido que el plan contra el fraude —aplicado desde enero de 2012 a junio de 2013— ha tenido un "impacto económico" que ha superado los 22.500 millones de euros. Dentro de ese dinero, la lucha contra el fraude fiscal, ha añadido, ha recaudado 16.500 millones de euros, y el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, 6.152 millones.

A esto hay que añadir el efecto "fundamental" que tiene en la recaudación el ensanchamiento de las bases imponibles por la regularización fiscal, que supuso el afloramiento de 40.000 millones de euros. La regularización de la tributación especial y el control de los bienes en el extranjero han servido para identificar bienes y valores por importe de 87.700 millones declarados por 131.411 personas.

La videpresidenta ha afirmado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han llevado a cabo 700 operaciones en las que se han imputado a más de 3.000 personas.

Por otro lado, la vicepresidenta del Gobierno ha afirmado que Empleo presentará el próximo año una nueva Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) en la que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los desempleados y del cobro indebido de prestaciones.

Sáenz de Santamaría ha recordado que, con la ley actual, un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses. Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son tres las ofertas rechazas, la prestación por desempleo se extingue.

La vicepresidenta ha afirmado que la nueva LISOS "reforzará las consecuencias" que se derivan sobre el parado por rechazar ofertas adecuadas, al tiempo que ha destacado que Empleo está trabajando también en una nueva ley reguladora de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social.