Emigrantes retornados a los que Hacienda ha impuesto sanciones por las declaraciones de la renta no presentadas desde 2008 han constituido una coordinadora para defenderse del "robo y saqueo" del Estado con las pensiones que cobran de otros países.

Dos de los integrantes, Xosé Lois Leirós y Manuel Domínguez, han presentado este jueves la Coordinadora Nacional Galega de Emigrantes Retornados y han explicado sus reivindicaciones, que pasan por que se revoquen los expedientes sancionadores iniciados y se devuelva lo cobrado, que se anulen las sanciones ya impuestas, que no se reclamen intereses de demora y que se modifique la ley para "garantizar la igualdad de trato de los emigrantes retornados".

Leirós ha avanzado que organizarán nuevas movilizaciones para "defender sus derechos". "Nosotros trabajamos y tributamos siempre", ha sostenido y ha señalado que estas pensiones que perciben de los países a los que habían emigrado les permiten "ayudar a los hijos y a los nietos". "Es inmoral que se nos persiga y se nos trate como defraudadores mientras a los verdaderos defraudadores se les concede una amnistía", ha protestado. "No queremos una amnistía", ha continuado y ha señalado que piden "igualdad de derechos".

Este portavoz ha incidido en que estos emigrantes desconocían que debían presentar la declaración de la renta por estas pensiones y ha relatado que, al contrario, los representantes de España en los países en los que estuvieron trabajando les habían dicho que no tendrían que pagar.

Desde principios de año, sin embargo, han empezado a recibir reclamaciones de Hacienda por no presentar la declaración entre 2008 y 2012. La Agencia Tributaria pide cantidades que alcanzan, de media, los 10.000 euros y que deben ser abonadas en un plazo de 10 días, ha protestado Manuel Domínguez. A ello se unen las cuantías de las sanciones y los intereses de demora, que se sitúan en cifras como 15.000, 25.000 o hasta 30.000 euros. Todo ello, sobre "jubilaciones mileuristas", han destacado.

Los afectados no están cuantificados exactamente, pero los representantes de la coordinadora estiman que superan los 200.000. "Son cientos de miles", ha señalado Domínguez, que ha manifestado su "inquietud por el trato mezquino del Estado". Con esta plataforma pretenden "responder a este maltrato", ha dicho.

MEDIDAS

Ante esta situación, ha agregado Leirós, los afectados no permanecerán "callados". Así, han anunciado movilizaciones y han avanzado que pedirán reuniones a los grupos parlamentarios, a los conselleiros de Facenda y Presidencia, al Valedor do Pobo, al ministro de Hacienda y al fiscal superior de Galicia.

Además, están recogiendo firmas para entregar ante el Ministerio de Hacienda, ha explicado Leirós. "No vamos a permanecer callados, estamos organizados y vamos a defender en la calle nuestros derechos", ha avisado. "Defenderemos nuestras pensiones, defenderemos nuestra dignidad y nuestro honor. La lucha es el camino", ha proclamado.