La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona ha archivado definitivamente este jueves la causa del caso Caja Navarra, denegando las diligencias solicitadas por las acusaciones, la asociación Kontuz! y el partido UPyD.

No obstante, la Audiencia Nacional mantiene aún abierta una segunda vía de investigación sobre aspectos financieros, que incluye, entre otras cosas, la salida a Bolsa de Banca Cívica. Estas son las claves del caso:

UPyD puso en diciembre de 2012 una denuncia ante la Fiscalía de Navarra contra los consejeros de Banca Cívica (formada por Cajasol, Caja de Navarra (CAN), Caja Canarias y Caja Burgos). Les acusaba de cometer delitos de apropiación indebida, estafa, falsificación de cuentas y maquinación para alterar el precio de las cosas. La denuncia se extendía también a Caixabank, que absorbió Banca Cívica.

La asociación de consumidores Kontuz! presentó en enero de 2013 una denuncia penal ante el juzgado de guardia de la Audiencia Provincial de Navarra contra Miguel Sanz, expresidente de Navarra, y contra Enrique Goñi, exdirector de la CAN, por delitos societarios y prevaricación por omisión.

Además, denunció ante la Fiscalía de Navarra a la presidenta Yolanda Barcina como presunta autora de un delito de "información privilegiada con ánimo de lucro". Denunciaba su participación con 50.000 euros en una empresa que compró inmuebles de la CAN para alquilárselos después a la propia entidad; todo cuando la entonces alcaldesa de Pamplona integraba la Comisión de Control de la CAN.

En cinco conceptos: dietas dobles y triples —hasta 5.000 euros en un día— pagadas desde 2010 por asistir a reuniones de la Junta de Entidades Fundadoras (JEF) de la CAN y de su Comisión Permanente; créditos concedidos a bajo interés a miembros del Consejo de Administración de Caja Navarra y a familiares y empresas; supuesta manipulación de actas; cuentas presuntamente falseadas y salida a Bolsa de Banca Cívica.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona, María Paz Benito, decidió, en febrero de 2013, acumular la denuncia de Kontuz! contra Sanz y Goñi y la de UPyD contra los consejeros de Banca Cívica. Se quedó con la investigación de las dietas y los créditos de Caja Navarra; la parte relativa a la fusión de cajas y la salida a Bolsa la envió a la Audiencia Nacional.

En marzo, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco admitió su competencia para tramitar la querella contra a los antiguos gestores de Banca Cívica. Así, tras un reparto de competencias consensuado, Velasco se quedó finalmente con toda la investigación del posible falseamiento de la contabilidad de la CAN y la de la posterior salida a Bolsa, es decir, con la parte financiera.

Por su parte, la Fiscalía decidió archivar, también en marzo, la denuncia de Kontuz! contra Barcina. La presidenta se querelló entonces contra la organización por un delito de calumnias e injurias y un delito de acusación y denuncia falsa. La querella fue archivada en abril.

En la parte que llevaba la jueza Benito resultaron imputados el expresidente foral Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona Enrique Maya, el exconsejero de Economía y Hacienda Alvaro Miranda y el exdirector de la CAN Enrique Goñi. En la parte que lleva la Audiencia Nacional, el juez Velasco sigue investigando.

En junio, la jueza Benito determinó dentro de su investigación sobre las dietas que era "indispensable" que Barcina declarara como imputada. Apreciaba indicios de cohecho impropio. Tras preguntar a las partes, elevó la causa al Supremo, ya que la presidenta es aforada y el Alto Tribunal era el único que podía decidir su imputación.

En julio, el Alto Tribunal decidió que los hechos en los que se implicaba a Barcina no eran "constitutivos de delito" y archivó la causa. La Fiscalía del Supremo era de la misma opinión. A finales del mes de agosto y tras esta decisión, la jueza Benito archivó toda la causa relativa a las dietas, aunque mantuvo vivas las partes de los créditos y las actas presuntamente manipuladas.

Dice la jueza que el Supremo no entendió como necesario el informe sobre la posible manipulación de las actas (que encargó a la Guardia Civil). Respecto a los créditos, pasará toda la documentación al juez Velasco.

El pasado mes de marzo, tanto Yolanda Barcina, como Miguel Sanz y Enrique Maya anunciaron que devolverían el dinero. También otros como José Iribas y Ana Elizalde, de UPN. Sanz dijo que devolvería unos 39.000 euros; Barcina, 68.500 euros.

Kontuz! denunció entonces que Barcina había cobrado algo más: una dieta doble de la Permanente de CAN, por importe total de 3.434 euros, el 30 de junio de 2011 cuando ya había dejado de ser alcaldesa de Pamplona pero todavía no había sido nombrada presidenta del Gobierno de Navarra.