La presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, y el expresidente Miguel Sanz han decidido devolver las dietas cobradas por su participación en la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra (JEF) y la Comisión Permanente, tras la polémica generada por el cobro de dietas dobles y triples en un mismo día.

En una carta publicada por Diario de Navarra y firmada por Barcina, por el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, y sus compañeros José Iribas y Ana Elizalde, los políticos de UPN afirman ser conscientes del "malestar social" generado por lo ocurrido en Caja Navarra, aunque se muestran "plenamente convencidos" de la corrección jurídica de todos los cobros.

Consideran no obstante que su "buen nombre" y el de UPN "no puede quedar empañado con una práctica" que a día de hoy reconocen como "errónea".

Por ello, anuncian que en los próximos días pondrán a disposición de entidades benéfico-sociales todas las cantidades derivadas de su participación en la Junta de Entidades Fundadoras de Caja Navarra.

El expresidente Sanz, por su parte, en una carta publicada por Diario de Noticias, defiende el amparo estatutario de la Junta de Entidades Fundadoras y de su Comisión Permanente.

Sanz está "convencido" de haber actuado en la JEF y en sus comisiones "con plena cobertura estatutaria y conforme a los acuerdos adoptados en la sesión constituyente" de la Junta.

"Pero mi honor y el de mi familia no puede estar salpicado de infamias y acusaciones insidiosas", asegura Sanz, que por ello decide ingresar en la Fundación de la Obra Social de CAN el importe total cobrado por su trabajo y participación en las sesiones de trabajo de la Comisión Permanente.

La asociación Kontuz, por su parte, ha denunciado en un comunicado que Barcina cobró una dieta doble de la Permanente de CAN, por importe total de 3.434 euros, el 30 de junio de 2011 cuando ya había dejado de ser alcaldesa de Pamplona pero todavía no había sido nombrada presidenta del Gobierno de Navarra.

Además, señala, en ese periodo de 19 días reclamó y cobró cesantías por su trabajo en la Universidad Pública de Navarra, aunque "no realizó labor universitaria alguna", un cobro que fue legal, pero "dudosamente ético".