"Nos quedamos en la calle. Nos quedamos en la calle". Isabel Rodríguez repetía la letanía mientras los antidisturbios trataban de entrar en su casa este miércoles. Horas después, ya con toda su vida depositada encima de la acera que rodea su portal, aún se resistía a abandonar la que había dejado de ser su vivienda.

"No sé lo que voy a hacer. Tenemos que hablarlo. Estoy tan agotada que se me cierran los ojos. No tengo fuerzas", explica cuando se le pregunta por su futuro más inmediato. Y el de su hija, de solo 8 años. Y el de sus padres, enfermos ambos.

Todos vivían, junto a la pareja de Isabel, en un piso de protección que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid alquiló a sus padres cuando les realojó procedentes de su antigua casa, en la Avenida de los Poblados. "Este no es un caso de desahucio, es un robo. Ellos tenían una casa en propiedad. Se la cambiaron por un alquiler, bajo, es verdad, pero alquiler, y ahora les echan de casa", advierte un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

El Ayuntamiento les reclama 1.000 euros por impagos y les señala por tener dos pisos en propiedad, aunque no pueda acceder a ninguno de ellos por una orden de embargo y un usufructo privativo. "No tenemos dónde ir, pero les da igual. Tengo vecinos a los que les ha pasado lo mismo", insiste Isabel. En efecto, el Ayuntamiento ya desalojó a Susana, Ángel y sus dos hijos de otra vivienda en el número 35 de la misma calle. Y no son los únicos. En el caso de Susana, solo pudo conseguirlo al tercer intento debido a la respuesta solidaria de un buen número de activistas antidesahucios.

La situación económica de la familia de Isabel empezó a torcerse con el fallecimiento de su cuñado y de su suegra. Llegaron los impagos, pero intentaron sobrellevar la situación. En última instancia, y aconsejados por su abogado, depositaron el dinero que debían, pero la EMVS, aseguran, se negó a cogerlo. "¿Qué deuda? No tenemos deuda. Dejamos el dinero, pero no lo quieren. Pretenden que nos marchemos porque ya lo tienen todo vendido", denuncia Efrén, hermano de Isabel y con una discapacidad reconocida del 68%.

Manuel San Pastor, abogado de la PAH, ratifica esta impresión. "Está claro, Ana Botella está vendiendo los pisos de la EMVS para quitárselos de encima y no le importa dejar a gente en situación de desprotección. Prefiere vender a fondos buitres y, para ello, expulsa a los inquilinos con la mínima excusa, en este caso, 1.000 euros, y sin solución habitacional", critica.

El Consistorio también está negándose a renovar los alquileres sociales de algunos inquilinos. Amparo C.A., madre de seis hijos y con depresión, se suicidó en Carabanchel la semana pasada. Ella fue una de las destinatarias de esas comunicaciones.

Además, está el componente de "intimidación" y "violencia" que la PAH denuncia en estos lanzamientos. Este miércoles fueron más de 30 agentes antidisturbios los que arremetieron con mazas y arietes contra la puerta de los padres de Isabel. "¿Cómo se puede hacer esto? ¿Les da igual que haya niños, ancianos o enfermos sufriendo?", alerta Feli Velázquez, miembro de la Plataforma.

"Tengo un parte de lesiones. Mira, me han golpeado tres veces en los antebrazos con la maza y tengo la mano hinchada", exhibía Efrén, que intentó detener a la comisión judicial apoyándose contra la puerta del domicilio de sus padres.

La hija de Isabel aún correteaba por la calle tras el desahucio. A modo de recadera, iba pasando el teléfono móvil de su madre a su tío. "Tienes una llamada, cógelo, cógelo", insistía. Su abuelo, en zapatillas, preguntaba por el estado de su esposa, a la que el Samur se había llevado por la mañana para apartarla del barullo.

"Le han 'roto' la cabeza a mi madre. Su mente se ha ido de aquí para no verlo", comentaba Efrén. "Nos han precintado la casa y han puesto su puerta. Tenemos que empezar otra vez, pero no sé cómo", respondía Isabel.