El Consejo de Ministros tramitará este viernes el informe con las medidas para poner en marcha para hacer frente a la corrupción y para las que espera lograr el consenso de los diversos grupos políticos pese a las reticencias ya expuestas por partidos como el PSOE. El informe, redactado por la comisión de expertos creada al efecto, incluye unas cuarenta iniciativas contra la corrupción que conllevan la modificación de diez leyes y responde al anuncio realizado por el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en el último debate sobre el estado de la nación.

El Gobierno prevé una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos, que dotará de más medios al Tribunal de Cuentas para desarrollar su labor y regulará la gestión de los tesoreros de los partidos. Además, habrá una ley reguladora del ejercicio de las funciones públicas que creará un Estatuto del Cargo Público que regule el ejercicio y las funciones de los políticos y que incluirá un control de sus declaraciones patrimoniales.

El Gobierno también tiene previsto aprobar la tarjeta sanitaria única individual e interoperable, que permitirá la identificación del paciente en todo el territorio nacional, según acordaron en su día el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

También se pretende una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos y, con ello, la persecución de los delitos de corrupción, y una ley de Contratos del Sector Público para introducir mayores controles en la contratación con la administración pública.

El Gobierno ha emplazado a la oposición a negociar estas medidas y espera que el PSOE rectifique su negativa a llegar a acuerdos con el Ejecutivo. Algunas de las iniciativas para la regeneración democrática, como el endurecimiento de las penas por corrupción y la creación de un nuevo delito de financiación ilegal de partidos, estarán incluidas en el proyecto de ley de Código Penal que también está previsto que apruebe el Consejo de Ministros de este viernes.

Esta reforma implica modificaciones más allá del ámbito de la corrupción, como el agravamiento de las penas por provocar incendios forestales y el establecimiento de la figura de la prisión permanente revisable. Esta nueva pena podrá ser impuesta únicamente en supuestos como asesinatos especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o de su heredero o de jefes de Estado extranjeros, y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad.

La prisión permanente revisable no supone la renuncia a la reinserción del penado, según el Ministerio de Justicia, ya que una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal deberá valorar de nuevo las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. También se prevé que el nuevo Código Penal aumente las penas por piratería y que la edad mínima del consentimiento sexual quede fijada en 16 años (actualmente está en los 13).

El Consejo de Ministros también aprobará el proyecto de ley del sector eléctrico, según anunció este jueves el ministro de Industria, José Manuel Soria, quien mantiene la intención de incluir el 'peaje de respaldo' al autoconsumo de electricidad a pesar de la "opinión" de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

Según indicó el ministro a principios de esta semana, el anteproyecto de ley ya ha recibido el informe de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y será aprobado previsiblemente con el objetivo de iniciar su tramitación parlamentaria y de que, con el resto de reales decretos, pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2014.

Antes del comienzo del Consejo de Ministros, Rajoy presidirá una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, la primera desde su constitución el pasado 11 de julio bajo la presidencia del Rey.

El Consejo de Seguridad Nacional es el máximo órgano de defensa y seguridad de España y tiene el compromiso de redactar antes del próximo mes de febrero una propuesta de anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Nacional.

El Gobierno acordó con el PSOE la creación de este consejo en el marco de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, un proyecto que fija una docena de riesgos y amenazas para España, entre ellos el terrorismo de ETA. Entre sus funciones, además de la asistencia al jefe del Ejecutivo, figura impulsar y velar por el cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional, aprobar un informe anual de seguridad y planificar y coordinar la política de seguridad.

La estrategia identifica como amenazas conflictos armados, terrorismo, ciberamenazas, crimen organizado, inestabilidad económica y financiera, vulnerabilidad energética, flujos migratorios irregulares, armas de destrucción masiva, espionaje, emergencias y catástrofes naturales, vulnerabilidad del espacio marítimo y vulnerabilidad de las infraestructuras críticas y servicios esenciales

Está previsto que a esa reunión acudan, entre otros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, los ministros de Exteriores, Defensa, Hacienda, Interior, Economía e Industria, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Fernando García Sánchez, y el director del CNI, Félix Sánz Roldán, según fuentes del Ejecutivo.