La juez de Madrid Gema Gallego volvió el martes a dar por concluido el sumario del "caso del ácido bórico", que llevará a juicio a los cuatro jefes de los tres policías que elaboraron un informe sobre dicha sustancia en el que relacionaban ETA y el 11-M, y que había revocado para practicar más pruebas.

En un auto notificado el martes, la juez da un plazo de diez días al fiscal y a las acusaciones personadas para que presenten sus informes solicitando la apertura del juicio o el sobreseimiento de la causa y da por concluida la instrucción porque no es necesario practicar más pruebas.

Explica que ninguna de la pruebas que solicitaron las partes y que restan por practicar son "imprescindibles" para el esclarecimiento de los hechos.

Contradicciones

Sin embargo, la juez sí pide al fiscal que informe sobre las "contradicciones" acerca de un informe pericial que la Policía Científica asegura haber enviado a un Juzgado de la Audiencia Nacional y que, según este órgano, no consta en ninguno de sus sumarios.

Ese informe estaría referido al ácido bórico encontrado en un piso franco de ETA en Salamanca descubierto en noviembre de 2001, hallazgo en el que los peritos se basaron para relacionar el 11-M con la organización terrorista ETA.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que comenzó a investigar el "caso del ácido bórico", afirmó en uno de sus autos que el descubrimiento de esta sustancia no fue comunicado al Juzgado que instruyó la causa contra el comando etarra "ante la ausencia de conexión con el objeto investigado, ya que está acreditada que era para utilizarlo como producto de higiene personal".

La juez de Madrid mantiene la imputación:

La titular del Juzgado de Instrucción número 35 dejó el pasado 6 de noviembre sin efecto las imputaciones de los peritos Isabel López, Manuel Escribano y Pedro Manrique.

Los tres peritos admitieron ante Garzón haber firmado el pasado mes de julio un informe elaborado el 21 de marzo de 2005, en el que se relacionaba el 11-M y ETA a partir del hallazgo de ácido bórico en la vivienda de un procesado por los atentados de Madrid y en el piso franco de un comando etarra en 2001, y que fue rechazado por sus superiores.

La juez considera que existen "diferentes indicios de la participación, en los hechos falsarios, de los superiores jerárquicos de quien llevó a cabo la manipulación material del documento, siguiendo las indicaciones de aquellos y con su conocimiento".