Los cuatro grupos del Parlamento gallego han logrado alcanzar un consenso por unanimidad en torno a la situación que viven los emigrantes retornados que no tributaron por sus pensiones extranjeras y que han sido objeto de inspección por parte de la Agencia Tributaria, de manera que solicitan, entre otras cuestiones, eximir de las sanciones a los que regularicen su situación.

La transacción que ha sido posible este miércoles a raíz de una iniciativa del PSdeG defendida por Carmen Gallego, y después de que apenas hace cinco días el consenso no fuese posible en la Comisión de Economía ante una iniciativa similar, también propone habilitar, para el caso de que tengan que afrontar pagos por sus declaraciones complementarias, "periodos de pago más largos que los estipulados habitualmente".

Ello, añade la iniciativa, "en aras de evitar el quebranto económico en las unidades familiares de estos pensionistas", toda vez que, como explicó Gallego, muchas de ellas dependen en esta situación de crisis de los ingresos de los emigrantes.

Además, la propuesta, dirigida al Gobierno de España en relación a la inspección que hace la Agencia Tributaria para las pensiones desde 2008, pide que la regularización de los pensionistas se haga "sin considerarlos como defraudadores fiscales, ofertando información pormenorizada y homogénea de sus obligaciones fiscales".

Fruto del acuerdo de todos los grupos a través de las diversas enmiendas, la resolución aprobada también propone la revisión de los convenios marco con otros países para evitar que situaciones de este tipo se puedan volver a repetir en el futuro, así como que se tengan en cuenta los mencionados criterios para "estimar los recursos que se presenten ante las sanciones ya comunidades", es decir, que los que ya han pagado sanciones puedan recuperar el dinero.