El Gobierno anunció este martes que ha aprobado una Zona de Especial Protección (ZEC) en aguas de Gibraltar, en la que está prohibido que los barcos fondeados permanentemente hagan de gasolineras flotantes, una práctica conocida como "bunkering" y que se hace en la bahía de Algeciras.

Tras reunirse con el sector pesquero en Barbate (Cádiz), el ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, explicó en rueda de prensa que al Gobierno "no le temblará el pulso" en sus decisiones sobre Gibraltar.

En esa ZEC, ha agregado Arias Cañete, está prohibido el suministro de combustible a otros buques, y por ello, de acuerdo con la normativa comunitaria, se quiere cambiar la legislación española de sanciones ambientales para "endurecerlas" y actuar con "mucho más rigor" contra las empresas que tengan buques como gasolineras flotantes.

El ministro ha subrayado que el Gobierno seguirá tomando medidas legales "proporcionadas" después de que Gibraltar arrojara en la bahía de Algeciras bloques de hormigón con cilindros que rompen las redes de los pesqueros, algo que ha calificado como "aberrante" y un "delito ambiental", por lo que España ha presentado una denuncia ante la Fiscalía y la UE.

Para compensar los perjuicios a los pesqueros de la zona, el ministro ha anunciado que se otorgarán ayudas con carácter retroactivo desde el 1 de agosto a unos veinte barcos de la comarca, y ha agregado que aún están calculando las cantidades, que serán de unos 500 euros al mes a los armadores y de 189 a los pescadores.

Arias Cañete ha insistido en que el derecho internacional está del lado de España en las medidas con Gibraltar, recalcó que el Tratado de Utrecht no recoge que Gibraltar tenga aguas propias. Además, afirmó que van a seguir los controles en la frontera destinados a paliar el contrabando de tabaco de la colonia. "El Gobierno no va a ceder y defenderá la legalidad", resumió el ministro antes de asegurar que el Ejecutivo está "tranquilo" a pesar de los avisos de Londres de posibles sanciones.

También justificó la tasa para aquellos que entren y salgan de Gibraltar —que no afectaría a los trabajadores andaluces que acuden cada día a trabajar al territori obritánico, egún el Ministerio de Exteriores— para pagar al personal que se requiere por el aumento de los controles que eviten el contrabando.

Mientras España y Reino Unido continúan la disputa diplomática, los sindicatos CC OO y UGT y el sindicato británico Unite han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian la actitud de "provocaciones y confrontación" que mantienen ambas naciones y que, aseguran, están perjudicando a los trabajadores que cruzan la frontera cada jornada. Según sus cifras, hasta 12.000 personas (10.000 españolas) desarrollan su labor profesional al otro lado del vallado a diario.

"Llevamos muchos años de vecindad. Hay padres, hijos y amigos a ambos lados. Cada vez que la alta diplomacia se mueve, nos sacan un traje. Claro que nos preocupa el medio ambiente y los bloques de hormigón, pero las cosas no se pueden llevar de esta manera. Provocan tensiones que no existen. Hay que venir aquí para verlo y comprobar que somos buenos vecinos", explicó a 20minutos.es Ángel Serrano, secretario general de UGT en el Campo de Gibraltar.