El presidente de BFA-Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, anunció el pasado martes que la entidad ampliará hasta el próximo 15 de julio el plazo para presentar solicitudes de arbitraje a los titulares de productos financieros híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada). A la vista de los datos publicados por el propio banco, esta opción ha sido elegida por casi 145.000 personas, la mitad del total, de las que 90.000 están siendo analizadas por el "experto independiente KPMG", y otras 2.400 por parte de la Junta Arbitral Nacional de Consumo.

El arbitraje se ha planteado, tanto por parte de las autoridades, como por parte de la propia BFA-Bankia, como un procedimiento alternativo a la vía judicial, con carácter voluntario, gratuito y más rápido que ir a los tribunales. Tanto una vía, como las otras, tienen partidarios y detractores.

Tal como explica la propia Bankia en su página web, los clientes minoristas de preferentes y subordinadas pueden solicitar, acudiendo a su oficina, que se les gestione un proceso de arbitraje en el caso de que crea que la entidad pudo haber comercializado de forma irregular la compraventa de dichos productos. La solicitud se envía a un "gestor independiente" que elabora un informe valorando la petición, al tiempo que dará a c0nocer al inversor la cuantía máxima que podría recuperar. Hasta este momento, el cliente siempre tiene la opción de seguir adelante o renunciar.

Una vez aceptadas las condiciones para acudir al arbitraje, se firma un convenio en el que ambas partes se comprometen a aceptar el resultado del laudo arbitral, al tiempo que renuncian a ejercer futuras acciones legales. Una vez firmado, se pone en marcha el arbitraje en sí, que acabará con un laudo para ambas partes. Tal como señala el propio Instituto Nacional de Consumo, el arbitraje es más sencillo, no supone gasto alguno y permite (si el laudo es positivo) recuperar la inversión.

El problema de esta opción, según sus detractores, es que "la admisión al proceso viene filtrada por la misma consultora que hasta el presente ha venido defendiendo a Bankia (KPMG) en los juicios civiles por preferentes", tal como señalan los abogados del 15MpaRato. "Su objeto es discriminar entre preferentistas engañados y no engañados; en realidad todos fueron engañados", sostienen. En la misma línea se dirige la crítica a este arbitraje lanzada desde Adicae, ya que según su experiencia los arbitrajes debe estar abiertos a todos los afectados.

Organizaciones como UPyD y 15MpaRato han tramitado sendas querellas penales para juzgar el escándalo de las preferentes en BFA-Bankia. Esta vía, si bien puede conllevar un plazo de espera mayor y el pago de los costes en caso de perder, ofrece un ámbito de protección "mayor" a todos los inversores, ya que no distingue entre unos y otros. A su favor, que existen informes como el de la CNMV y el Banco de España en los que se constatan las irregularidades cometidas en la venta de preferentes.

La tesis defendida por los querellantes, tal como señala el abogado Andrés Herzog, es que las preferentes fueron una "estafa organizada", por lo que de resolverse el caso a su favor, anularía de facto la venta de todos estos productos. La pieza separada abierta por el juez Andreu, en la que investigará el diseño y comercialización de estos productos financieros híbridos, permitiría ahora a los más de 300.000 preferentistas la devolución de su inversión.

Colectivos como la Asociación de Usuarios de Banca (Adicae) o los afectados por preferentes agrupados alrededor del bufete Zunzunegui han optado por la vía civil para llevar a cabo demandas en las que exigen la reparación del daño patrimonial sufrido. Exigen así "a la entidad financiera su responsabilidad y reclamando la pérdidas ocasionada por la indebida comercialización del producto", según explican en la web de Zunzunegui.

En el caso del bufete, se ha presentado una demanda acumulada contra Bankia por 240 millones de euros por manipular el mercado de preferentes. El problema de esta vía, según sus detractores, es que puede quedar paralizada mientras se celebra el procedimiento penal y a la espera de que se resuelva. Además, las atribuciones de un juez civil son menores que las de un juez penal, por lo que también lo es su capacidad de dictaminar una resolución justa.