La tarifa eléctrica podría subir alrededor de un 1,2% en julio si la subasta de energía del próximo martes confirma la tendencia registrada en los mercados de futuros en los últimos días, según han indicado fuentes del sector.

Los mercados de futuros apuntan que la subasta que se celebra este martes acabará con una subida del precio del componente energético de la tarifa de último recurso (TUR), a la que están acogidos la mayoría de los hogares, de alrededor del 2,9%, lo que supondría un encarecimiento del recibo de la luz del 1,2%.

Esta subida llegaría después de que la luz se abaratara un 6,62% en la revisión de abril, la primera bajada desde la creación de la TUR en 2009, y de haber subido un 3% a principios de año.

El martes se celebra la subasta Cesur, en la que se compra y vende la electricidad para el suministro a tarifa en el tercer trimestre del año y en la que se determina el precio del componente energético de la TUR en este periodo.

El precio de la energía supone aproximadamente la mitad de la tarifa, mientras que el resto corresponde a los denominados "peajes", que fija el Gobierno y que sirven para retribuir los costes regulados, como el transporte, la distribución, las primas a las renovables, las ayudas al carbón o la moratoria nuclear.

El Gobierno ha mostrado su intención de mantener congelados los peajes para la revisión de julio, de manera que la evolución de la tarifa dependerá exclusivamente del resultado de la subasta.

Sin embargo, en los últimos días el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha advertido de que estos podrían verse alterados por la reforma energética que el Gobierno prevé aprobar antes del verano.

La reforma pretende resolver definitivamente el problema del déficit de tarifa, el desfase que se produce porque los ingresos del sistema eléctrico no son suficientes para cubrir todos los costes y que sumaba al cierre del pasado año una deuda superior a los 28.000 millones de euros.

En los últimos días se han conocido algunos detalles de la normativa, como que implicará un recorte de la retribución de las actividades reguladas o que el Estado aportará 2.000 millones de euros.

Soria también ha anunciado que se levantará la moratoria para la concesión de ayudas a nuevas instalaciones renovables en los territorios extrapeninsulares y que el sistema contará con reglas de "estabilidad financiera" para evitar que se vuelva a generar déficit en el futuro.