La presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha pactado con Método 3 retirar su demanda civil y renuncia a emprender acciones penales por la grabación que esta agencia de detectives hizo de su conversación con la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, mientras la agencia reconoce el daño reclamado.

Con este pacto, que lleva fecha del 18 de junio, la agencia de detectives, que admite que ha afectado a Sánchez-Camacho en su labor como dirigente política, deberá indemnizar a la presidenta del PPC con 80.000 euros.

En el acuerdo, de catorce páginas, Método 3 deja claro que fueron dos exempleados de la empresa los que grabaron la conversación entre Sánchez-Camacho y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, Maria Victoria Álvarez, en una comida que ambas mantuvieron en el restaurante La Camarga, en Barcelona, el 7 de julio de 2010.

Método 3, asimismo, asume la culpa, pide perdón a la presidenta del PP catalán y se compromete a extremar las medidas de seguridad para que se produzca el "cese inmediato, efectivo y permanente" de la divulgación de las "grabaciones ilegítimas". En todo caso, ambas partes han acordado que "el contenido de la grabación se mantendrá en secreto frente a terceros, prohibiéndose expresamente su divulgación".

La exnovia de Jordi Pujol Ferrusola Maria Victoria Álvarez ha renunciado también a las acciones penales en la causa que investiga el juzgado, a cambio de una compensación económica, por lo que este miércoles mismo ha presentado un escrito en el que se retira como acusación particular.

Pese a la retirada de la denuncia por parte de Sánchez-Camacho y Maria Victoria Álvarez, el juzgado de instrucción número 14 de Barcelona mantiene abierta la causa contra Método 3 y ha acordado prorrogar por un mes más el secreto de sumario, según fuentes judiciales.

El juzgado ha dado traslado de toda la causa a la Fiscalía, que a la luz de los informes elaborados por la Policía Nacional deberá decidir ahora si prosigue su investigación, independientemente de la retirada de la acusación particular de Sánchez-Camacho, ya que el ministerio público tiene la obligación de perseguir todos los delitos públicos, entre los que se cuenta la revelación de secretos.

La líder popular se ha mostrado "satisfecha" y visiblemente contenta por el resultado del acuerdo pues ha conseguido "que la empresa reconozca su culpabilidad, que cometió actos ilícitos y que perjudicó mi intimidad y mi honor, y además ha reconocido que se divulgó la grabación con un afán lucrativo y un interés para perjudicarme políticamente".

Sánchez-Camacho ha insistido en que no se ha retirado antes "de llegar hasta el final en el caso". La retirada de su demanda civil "no impide" que la vía penal siga. A pesar de que ella ya no formará parte de la acusación particular en el caso y que el acuerdo se ha trasladado al juez que instruye la causa, según la popular, en la vía penal "serán los jueces y fiscales los que decidirán" si continúan adelante y la causa "sigue abierta".

Sánchez-Camacho también ha anunciado este jueves por la mañana en los pasillos del Parlament, que donará "íntegramente" la indemnización a entidades sociales de lucha contra la pobreza, como Cáritas o el Banc de Aliments.

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de CiU, Jordi Turull, ha calificado el acuerdo de "pacto de silencio" que demuestra que se ha producido "una auténtica farsa". Es por ello que pedirán la comparecencia al Parlamento de la líder popular y del exsecretario de organización del PSC José Zaragoza, para dar explicaciones sobre su relación con los casos de espionaje que se hicieron públicos hace unos meses.

Según Turull, toda la polémica alrededor de esta cuestión se ha querido focalizar "direccionalmente hacia una persona, con filtraciones interesadas", en referencia al convergente Xavier Martorell —que dimitió como responsable de Prisiones de la Generalitat y como presidente de CDC de Sant Cugat del Vallès (Barcelona)—, y tanto el PPC como el PSC "tienen que explicar muchas cosas".

CiU considera que "si no había un acto ilícito, entonces es que sí que había un consentimiento para efectuar las grabaciones". Turull ha añadido que "cuando no hay suficiente información surge mucha rumorología", de ahí la petición de comparecencia.

Jordi Turull ha lamentado, en todo caso, que "aquello que empezó a salir y que provocó una reacción policial inmediata, esté quedando tapado", y ha considerado imprescindible conocer el papel que ha jugado en el asunto la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, así como otros organismos del Estado.