En mayo quedó aprobada la Ley de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. Sus defensores celebran que la ley ha supuesto un "avance" en aspectos importantes como los intereses de demora, las tasaciones o la ampliación de las suspensiones temporales de desahucios.

Así lo ha vuelto a defender el ministro de Economía, Luis de Guindos. Basa su defensa en algunos datos: 600 familias ya han reestructurado su deuda hipotecaria, otras 300 han accedido a la dación en pago, 260 se benefician de un alquiler "muy ventajoso" gracias al fondo social de vivienda.

De Guindos asegura que los lanzamientos hipotecarios se están convirtiendo en una "excepción" en España, según los datos del Banco de España, "que dicen que ya se observa una ralentización de los lanzamientos que afectan a las personas físicas". Así, según sus números, las entidades han paralizado más de 700 lanzamientos de vivienda habitual.

El ministro asegura que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para proteger a los deudores hipotecarios "están demostrando su efectividad, pues cada vez más deudores solicitan acogerse al código de buenas prácticas y las familias que ya habían sido desalojadas están accediendo a los alquileres del fondo social de viviendas".

En este caso no muchas. No deja de llamar la atención el dato de que solo 260 familias se estén beneficiando de un alquiler del fondo social de vivienda. Este fondo lo componen casi 6.000 viviendas, pero los requisitos son tan grandes que muy pocas familias las están solicitando.

"Hemos mejorado el mercado hipotecario, hemos limitado los intereses de demora, hemos reforzado la independencia de las tasadoras o hemos dotado de transparencia la comercialización de los préstamos hipotecarios", ha enumerado De Guindos.

Pese al momento de crisis, la tasa de morosidad del sistema hipotecario español "es muy reducida", reconoce el ministro. El 96% de los deudores están al día con sus pagos.

Finalmente, el titular de Economía ha asegurado que tanto el Departamento que dirige como el Banco de España supervisarán la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que permite a los jueces suspender cautelarmente un procedimiento de ejecución e impedir un desahucio si ha habido cláusulas abusivas.