Fiscalía abre investigación tras denunciarse supuesta malversación de fondos concedidos a Isofotón

La Fiscalía de Málaga ha acordado iniciar unas diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Málaga respecto a las ayudas públicas concedidas por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Isofotón, que precisamente este miércoles ha anunciado que presentará concurso de acreedores la próxima semana.

La Fiscalía de Málaga ha acordado iniciar unas diligencias de investigación penal tras la denuncia presentada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Málaga respecto a las ayudas públicas concedidas por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Isofotón, que precisamente este miércoles ha anunciado que presentará concurso de acreedores la próxima semana.

CSIF Málaga denunció los hechos el pasado 17 de mayo por si fueran constitutivos de infracción penal. Así, se consideró que cabía investigar "una posible malversación de caudales públicos, tanto por parte de la empresa como por parte de la Administración, desde que el Grupo Affirma se hizo con la empresa malagueña en 2010", según han informado desde el sindicato.

En este sentido, desde CSIF han manifestado, a través de un comunicado, que Isofotón "podría no haber respetado las condiciones de fomento de la viabilidad de la empresa y prioridad al mantenimiento de los puestos de trabajo con las que las ayudas y subvenciones fueron concedidas".

"Pero tampoco la Junta de Andalucía", han apuntado, añadiendo que a su juicio "la Administración debió ejercer un seguimiento, un control continuado y una fiscalización de las ayudas públicas a fin de verificar que se destinaron a los objetivos fijados y que condicionaron su concesión".

Al respecto, la Central Sindical entiende que las subvenciones y préstamos otorgados por la Junta de Andalucía "no han repercutido sobre la viabilidad y el empleo en la fábrica de Málaga" y se han cuestionado "si estas ayudas han contribuido, directa o indirectamente, al establecimiento de la nueva planta de Ohio, en EEUU".

CSIF Málaga pidió el pasado 17 de mayo la intervención de la Fiscalía malagueña, presentando un escrito en el que se hacía referencia a los expedientes de regulación de empleo iniciados por la compañía este año, el último de ellos en abril cuyo plazo de consultas termina este miércoles; y también a las ayudas públicas recibidas por parte de la Administración andaluza.

Así, se instaba a que se realizaran diligencias de averiguación "a fin de determinar qué cantidades de la Hacienda Pública y con qué fines fueron entregados por la Junta de Andalucía a Isofotón, así como el destino que esta empresa ha dado a dichas subvenciones". CSIF espera que la investigación "arroje luz sobre la opaca gestión que el grupo está haciendo de la empresa".

Estas averiguaciones se instaron por "las constantes contradicciones sobre los millones de euros concedidos por IDEA", Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, dependiente de la Junta; así como "la opacidad empresarial sobre los instrumentos jurídicos utilizados, el destino dado a las ayudas y las condiciones impuestas, negándose a entregar al comité de empresa documentación alguna".

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