El Partido Popular sigue adelante con uno de los puntos más polémicos de la reforma que prepara de la ley del aborto. Casi un año después de las primeras manifestaciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el PP continúa insistiendo en que la supresión de la malformación o minusvalía del feto en la futura modificación de la Ley de Interrupción del Embarazo se debe a una petición de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Así figura en una argumentario interno del partido al que ha tenido acceso 20minutos en el que los populares marcan las pautas que deben seguir sus dirigentes a la hora de hacer referencia en público a la discutida ley de Gallardón.

Según dice el PP en el documento, "se cambia el sistema de plazos por el de indicaciones/supuestos. En el 85 había tres supuestos: violación, daño para la vida o salud física o psíquica para la madre y malformación. La idea es volver a estos supuestos pero con algunos matices (1)".

Y ese punto (1) explica a pie de página: "La Comisión de la ONU para los Derechos de las Personas Discapacitadas ha pedido a España suprimir el supuesto de malformación y comunicarlo antes de 2015".

En realidad, el informe de la ONU, de finales de 2011, dice literalmente en su artículo 18: " El Comité recomienda al Estado parte que suprima la distinción hecha en la Ley Nº 2/2010 en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente".

En ningún momento, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas habla en sus observaciones finales de suprimir el supuesto de malformación presente en la ley del aborto de 2010, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas, plazo que se amplía hasta las 22 semanas de gestación cuando exista un riesgo de graves anomalías en el feto.

A lo que la ONU se refiere concretamente es a la eliminación de la "distinción" de los plazos para abortar entre un feto sano y uno con malformaciones para que sean iguales ante la ley y evitar así la discriminación, algo que el organismo internacional recuerda en el preámbulo de la citada convención.

Además, en el documento, la ONU deja claro que se trata de una recomendación, mientras que el argumentario popular descata que es una petición, lo que implica una solicitud con el fin de obtener algo.

Desde el Ministerio de Justicia se viene asegurando que si España ha suscrito el informe es que está de acuerdo con lo planteado por la ONU, aunque se trate de una recomendación.

La alternativa a la medida que plantea el Gobierno de suprimir el supuesto de malformación sería aumentar el plazo para abortar en todos los supuestos hasta equipararlos con el de malformación, que actualmente es de 22 semanas.

Este punto de la nueva ley también está siendo objeto de un intenso debate en el seno del Partido Popular. El principal adalid de la eliminación del supuesto de malformación, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido contundente en varias ocasiones, aunque siempre haciendo su propia interpretación de la recomendación del organismo internacional.

"La reforma del aborto se adecuará al mandato de la ONU sobre discapacidad", ha asegurado este mismo martes Gallardón. "El aborto jamás podrá ser por razón de la discapacidad de una persona porque eso significaría crear ciudadanos de primera y de segunda", ha añadido.

Más radical y clara ha sido la postura del ministro del interior, Jorge Fernández Díaz, quien rechaza el aborto de pleno y ha llegado a comparar a las mujeres que abortan con los terroristas: "El aborto tiene algo que ver con ETA".

También se ha excedido en sus argumentos la diputada popular Beatriz Escudero, encargada de defender en el Congreso la moción sobre la reforma de la ley: "¿Saben ustedes que en España las mujeres que se ven abocadas al aborto son las que menos formación tienen? No lo digo yo, señorías, lo dice la estadística. La razón no lo dan los chillidos, la razón lo da un argumento sólido y contundente".

En una línea opuesta se encuentra el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, quien ha considerado que la nueva norma hace retroceder a la legislación española a los tiempos anteriores a 1985, cuando se aprobó la extinta ley de plazos que, a su juicio, "funcionó razonablemente bien" y es a la que se debería volver ahora. Hernando ha admitido que "en el PP hay distintas opiniones" sobre el tema.

Por su parte, Alfonso Alonso, portavoz popular en la cámara baja, también ha opinado sobre el tema y ha considerado que el debate "está abierto". Su postura es clara: ceñirse a la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la ley de supuestos de 1985, que sí permitía el aborto en caso de malformación del feto.