El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha recordado este miércoles a la Generalitat catalana que, al igual que todas las instituciones, su legitimidad nace de la Constitución y que, por lo tanto, está obligada a acatarla. En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Ruiz-Gallardón ha emplazado al Gobierno catalán a abordar cualquier problema político "desde la máxima lealtad institucional" y siempre dentro de las normas del Estado de Derecho.

Ha sido después de conocerse que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación del Gobierno central contra el acuerdo del Parlament catalán del pasado 23 de enero, en el que defendía que Cataluña es "sujeto jurídico y político soberano", y lo ha suspendido provisionalmente. Gallardón ha defendido la Constitución y ha subrayado: "Nos obligan a todos, pero nos garantizan también el ejercicio de nuestros derechos".

Ha reiterado además que todas las instituciones tienen la obligación de acatar la Constitución, y máxime aquellos cuya legitimidad nace precisamente de ella, como el Gobierno, la Generalitat o el Parlament. Por eso, ha considerado que si hay un proyecto político que entra en conflicto con la Constitución, como el 'derecho a decidir', lo que debe hacerse es plantearlo legalmente mediante una propuesta de reforma de la Carta Magna.

Vigente la Constitución, ha añadido, no se pueden llevar a cabo actuaciones de carácter ejecutivo o parlamentario que "no sean conformes con la misma". El ministro no ha querido hacer evaluaciones de carácter jurídico sobre la decisión del TC y se ha limitado a señalar que ahora hay que esperar a que decida definitivamente sobre el tema, una vez admitido a trámite el recurso.

Por su parte, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha recordado que su partido ya avisó en el mes de enero que la declaración de soberanía era ilegal y lo único que haría es alimentar la "confrontación" entre Cataluña y el resto de España.

En rueda de prensa desde el Parlament, ha evitado pronunciarse sobre lo argumentado por el Constitucional, y ha puesto el acento en criticar que el Gobierno central, el catalán y ERC solo buscan el enfrentamiento como "cortina de humo" a su incapacidad para gobernar.

"Lo que empieza mal acaba mal", ha sentenciado Navarro, que considera que la única vía para el 'derecho a decidir' que le queda a Cataluña es la resolución del Parlamento catalán que pedía diálogo con el Estado sobre la consulta, que presentó el PSC y que, además, logró más apoyo que la declaración de soberanía.