El martes pasado, Isabel Pantoja. Este miércoles, Ortega Cano. Con solo ocho días de diferencia, dos de los protagonistas de la prensa rosa española han sido condenados por la justicia. Ella, por un delito de blanqueo de capitales. Él, por un accidente de tráfico mortal. Arrojó 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre pero esa prueba ha sido anulada. La tonadillera y el extorero son los últimos famosos considerados culpables de algún delito, pero no los únicos.

Lola Flores. Uno de los casos que más se recuerda, y eso que ocurrió en los 80, fue el de los problemas de Lola Flores con Hacienda. En 1991 fue condenada por cuatro delitos fiscales al no haber presentado la declaración de la renta entre 1982 y 1985. A la artista se le impuso una multa de 28 millones de pesetas. Para la historia han quedado algunas de sus frases. La Faraona dijo que si cada español le diera una peseta podría pagar su deuda. "No sabía que esto podía tener tanto castigo para una persona que no tiene dinero", afirmó también durante el juicio.

Su hija mayor, Lolita, también ha tenido problemas con la justicia. En julio del año pasado se conocía una sentencia que la obligaba a pagar entre 31.000 y 44.000 euros, una condena resultado de la deuda contraída con los proveedores de un negocio de diseño ropa y complementos con su nombre que no tuvo el éxito esperado. Su abogado aseguró que recurrirían. En 2011, la cantante se vio obligada a cerrar las tiendas y poner su casa en venta cuando otro juzgado de primera instancia la condenó a pagar 64.000 euros tras haber contraído la citada deuda con sus proveedores de ropa, los cuales le reclamaban un pagaré por ese valor.

Joselito. José Giménez Fernández fue un niño prodigio, uno de los actores y cantantes infantiles más importantes de los años 50. Gracias a su voz y su forma de cantar se le llegó a conocer como el niño ruiseñor o el niño de la voz de oro. Pero su caída en el mundo de las drogas le llevó a tocar fondo. A principios de los 90 le fue impuesta una pena de cinco años de cárcel por tráfico de drogas.

Farruquito. La noche del 30 de septiembre de 2003, Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, circulaba por una calle de Sevilla a mayor velocidad de la permitida, sin tener carné de conducir y sin seguro del coche. Benjamín Olalla, de 35 años, tuvo la desgracia de cruzarse en su camino. Cuando atravesaba por un paso de cebra fue atropellado mortalmente por el bailaor, que se dio a la fuga. Farruquito fue condenado a dos años de cárcel por homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad del tráfico, y a un año más por omisión del deber de socorro. Además se impuso una indemnización de 102.483 euros para la viuda y de 16.550 para los padres del fallecido. Ingresó en la cárcel de Sevilla el 16 de enero de 2007 y en marzo de 2008 consiguió el tercer grado, lo que le permitía regresar al centro solo para dormir. En enero de 2009 le concedieron la libertad condicional y se le retiró la pulsera telemática que estaba obligado a llevar. Liquidó totalmente su condena un año después. Fuentes judiciales explicaban entonces que había sido un preso "ejemplar" y que eso le había permitido acogerse a beneficios penitenciarios.

Jaime Martínez Bordiú. El nieto de Franco fue condenado en marzo de 2009 a un año de cárcel por maltratar y amenazar a su novia, Ruth Martínez, si bien tampoco llegó a ir a prisión al carecer de antecedentes. El juez también dictó una orden de alejamiento durante tres años. Los hechos habían ocurrido el 21  de agosto de 2007 en un hotel de lujo de la localidad malagueña de Mijas, durante una fuerte discusión entre la pareja. La sentencia, dictada por un juez de Barcelona, fue confirmada después por la Audiencia Provincial.

María José Campanario. En julio de 2011, la Audiencia de Cádiz condenó a María José Campanario y a su madre, Remedios Torres, a un año y once meses de prisión y a 1.800 y 720 euros de multa, respectivamente. El tribunal las consideraba culpables de un delito de falsedad en documento oficial y de otro de estafa en grado de tentativa al haber intentado lograr una pensión de la Seguridad Social para Remedios. El caso se enmarcaba dentro de una operación más amplia, denominada Karlos, una trama que tramitaba pensiones de invalidez de forma fraudulenta. La mujer del torero Jesulín de Ubrique proclamó desde el principio su inocencia y siempre aseguró que no había cometido "ninguno de los delitos" que se le imputaban. Ambas condenadas recurrieron la sentencia, que fue ratificada por el Tribunal Supremo en julio del año pasado. Ni Campanario ni su madre ingresaron sin embargo en prisión al enfrentarse a penas inferiores a dos años y no tener ninguna de las dos antecedentes penales.

Isabel Pantoja. La tonadillera recurrirá ante el Supremo la sentencia de la Audiencia de Málaga que la considera culpable de un delito de blanqueo de capitales. La cantante sevillana ha sido condenada a dos años de cárcel y el pago de una multa de 1,1 millones de euros. Junto a ella fueron condenadas otras seis personas, entre ellas su expareja y exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, y la exmujer de este, Maite Zaldívar. La Fiscalía Anticorrupción también ha anunciado que presentará un recurso por infracción de ley. La pena impuesta a Pantoja es la más discordante respecto a lo solicitado por la acusación pública, que había pedido para ella tres años y medio de prisión y 2,6 millones de multa. Lo mismo solicitó para Zaldívar, en cuyo caso la pena sí se ajusta más a lo demandado. Ha sido condenada a tres años, tres meses y un día de cárcel por un delito continuado de blanqueo de capitales, a lo que se añade una multa de 2,4 millones.

José Ortega Cano. El Juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla ha condenado este miércoles a dos años, seis meses y un día de cárcel al extorero y ganadero por el accidente de tráfico mortal ocurrido el 28 de mayo de 2011 en el que falleció Carlos Parra, un vecino de la localidad sevillana de Castilblanco de los Arroyos. La jueza condena a Ortega Cano por delitos de homicidio imprudente y conducción temeraria, y le impone el pago de una indemnización de 120.000 euros a la viuda y de 19.000 a cada uno de sus dos hijos. La sentencia anula la prueba de alcoholemia que arrojó 1,26 gramos de alcohol por litro de sangre, dado que se rompió la cadena de custodia en el hospital donde fue ingresado el extorero. El abogado de Ortega Cano, Enrique Trebolle, ha anunciado que va a recurrir el fallo ante la Audiencia de Sevilla.