La interlocutoria de este miércoles es la enésima resolución judicial sobre el modelo de inmersión lingüística de Cataluña. La batalla legal empezó en 2006, cuando varias familias presentaron sendos recursos contencioso-administrativos para que sus hijos fueran escolarizados en castellano. Desde entonces, han transcurrido siete años y decenas de sentencias, interlocutorias, recursos… y manifestaciones en defensa del catalán y de un modelo con 30 años de trayectoria.
La consejera de Educación, Irene Rigau, se ha negado en reiteradas ocasiones a aplicar las resoluciones judiciales alegando que no compete a un tribunal determinar el modelo lingüístico de enseñanza, y que los alumnos dominan ambas lenguas al acabar la enseñanza obligatoria como demuestran, según recuerda, los resultados de las pruebas externas.
2009
24 de febrero
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) avala la atención individualizada en detrimento de la separación de alumnos en aulas distintas y sostiene que el modelo de inmersión lingüística es "constitucionalmente legítimo".
La sala recuerda que el derecho a la educación “no garantiza ningún derecho de libre opción de recibir la enseñanza exclusivamente en una sola de las lenguas oficiales”. Sin embargo, sí obliga a preguntar cuál es la lengua materna del alumno en el impreso oficial de preinscripción de P-3.
Esta fue la respuesta del alto tribunal catalán a madre de una niña de P-3 que exigió judicialmente que fuera escolarizada en castellano y que todas las comunicaciones orales y escritas sean en castellano. Sobre esta última cuestión, explica en la sentencia que es el centro (privado) el que tiene competencia en esa materia.
2010
28 de junio
Tras cuatro años de deliberaciones, el Tribunal Constitucional emite la sentencia del Estatut considera al castellano, junto con el catalán, como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña aunque compete a la Generalitat determinar en qué proporción se incorpora el castellano.
22 de diciembre
El Supremo cuestiona la inmersión al determinar que las familias tienen derecho a elegir la lengua vehicular de la educación de sus hijos, ordenando a la Generalitat -que no acata la sentencia- que adopte cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza y que el castellano sea, junto al catalán, lengua vehicular.
Los recurrentes alegaban que el sistema no es bilingüe sino una inmersión monolingüe y, a juicio del tribunal, el castellano no debe quedar "al de objeto de estudio de una asignatura más" y tener la misma condición que una lengua extranjera.
El alto tribunal reconoce, asimismo, el derecho de los padres a recibir en castellano todas las comunicaciones, circulares y cualquier otra documentación tanto oral como escrita que les sean dirigidas por los centros escolares.
El Supremo añade que si el Govern considerara que el objetivo de la normalización lingüística estuviera ya conseguido, ambas lenguas cooficiales deberían serlo en igual proporción. De no ser así, el catalán debe tener un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable pero que "no constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular".
Todo esto, en cuanto a educación primaria y secundaria. Una tercera sentencia establece el derecho de los niños en educación infantil a recibir la enseñanza en la lengua pedida por los padres. Por lo que Educación debe el modelo oficial de preinscripción en educación infantil debe preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en centros públicos y concertados.
2011
28 de julio
La Sección Quinta del TSJC da un plazo de dos meses a la Generalitat para incluir el castellano, junto al catalán, como lengua vehicular en la educación. La resolución provocó el rechazo de gran parte de la sociedad, docentes y partidos políticos.
La Generalitat no acata la resolución y, días antes de que empiece el curso 2011-2012, la consejera de Educación anuncia que el curso comenzará con normalidad.
15 de septiembre
El TSJC suspende de oficio el plazo de dos meses a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que interpuso la Generalitat.
2012
8 de marzo
El pleno de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC avala el modelo de inmersión lingüística. Establece que la Sección Quinta no puede hacer un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña a partir de una "lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del Tribunal Supremo".
Sin embargo, reprocha a la Generalitat que no cumpliera la resolución del Supremo, que le obligaba a garantizar la escolarización en castellano de tres familias que recurrieron, e insta a Educación a adoptar las medidas necesarias.
Una magistrada se opone a conceder a dichos niños una situación jurídica individualizada. Como admite el Supremo, el uso del catalán sigue siendo minoritario y al final de la enseñanza obligatoria, los alumnos dominan ambas lenguas.
El propio Supremo recalca que el catalán y el castellano deberían ser vehiculares si el Govern cree que "el objetivo de normalización lingüística estuviera ya conseguido" y, en opinión de la magistrada, no lo está.
31 de mayo
El TSJC reconoce el derecho de cuatro familias a que sus hijos sean escolarizados con el castellano como lengua vehicular. La Sección Quinta entiende que en tanto que lenguas cooficiales ambas deben ser vehiculares.
26 de junio
El Supremo anula varios artículos de un decreto de 2008 de la Generalitat, que fijaba el catalán como lengua vehicular de las escuelas en el segundo ciclo de educación infantil, de tres a seis años, tanto en las actividades internas como externas.
La sentencia estima parcialmente un recurso contra una sentencia de 2011 del TSJC que avalaba la ordenación de las enseñanzas de segundo ciclo de la educación infantil en Cataluña.
2 de julio
El TSJC da la razón a otras dos familias con hijos en educación infantil en Barcelona y Tarragona. Habían presentado en 2009 sendos recursos contencioso-administrativos porque querían escolarizarlos en castellano.
2013
19 de febrero
El Supremo avala el modelo de inmersión al desestimar el recurso de casación de una familia contra la interlocutoria del TSJC que avalaba el modelo de inmersión lingüística. El alto tribunal descarta que deba generalizarse la escolarización en castellano.
10 de abril
El TSJC obliga, en una interlocutoria, a la Generalitat a introducir el castellano en las aulas donde haya un niño cuyos padres hayan solicitado la escolarización en dicha lengua por vía judicial. Es la Generalitat la que debe establecer la proporción de ambas lenguas.
La consejera de Educación anuncia que no acatará la interlocutoria porque entiende que los derechos de unos pocos padres no pueden prevalecer por encima de los derechos del conjunto de padres.
Al igual que una sentencia de 2009, recuerda que el derecho a la educación “no garantiza ningún derecho de libre opción de recibir la enseñanza exclusivamente en una sola de las lenguas oficiales”.
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