Un juez imputa al acalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, por delitos de corrupción, prevaricación y blanqueo

El auto del juez de instrucción número 12 de Palma, Álvaro Latorre López, ha imputado al alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, al director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, y al celador del Consistorio, Jaume Gibert, delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y de negociaciones prohibidas.

Así lo recoge el auto judicial con fecha el 22 de noviembre, y en el que se relata la relación de los delitos con la existencia de elementos de incriminación contra los investigados y se autorizan y justifican los registros en el Ayuntamiento de Andratx y en las propiedades empresariales de los detenidos.

Según el texto judicial, el delito de negociaciones prohibidas justificaría los registros del domicilio de Eugenio Hidalgo, así como la empresa de su propiedad sociedad Automóviles Eucar S.L., y el domicilio de Gibert.

El auto relata además, que por los datos de la investigación se observa que el alcalde y celador han sido socios "mediante un entramado societario" y con estas entidades, se han dedicado a la "intermediación y la promoción inmobiliaria".

Concretamente, la sociedad 'Prollamp de Ponent S.L. (que mantiene relación directa con Eucar) pagó al alcalde la cantidad de 369.424 euros, que llegaron a éste a través de la sociedad 'Spanish Investment'.

Además, la sociedad 'Cases de Cala Moragues S.L.' ha participado directamente en la sociedad del alcalde (Automóviles Eucar S.L.) y se dedica a la sociedad inmobiliaria, siendo la licencia que autoriza la construcción "absolutamente irregular".

Por otra parte, el auto señala que la sociedad 'Proyectos Promestar S.L.', sociedad que mantiene relación directa con 'Prollamp de Ponent' S.L., y es, desde esta sociedad, desde donde se genera el motivo mercantil que "acaba suponiendo pagos al alcalde y al celador". Del mismo modo, el auto señala que la sociedad 'Inversiones Bruja' recibió un pago de la entidad 'Inversiones Bruja', quien finalmente abonó 369.424 euros a Antonia Garí Riera, esposa de Gibert.

"Las sociedades Langeland S.L, Sandborg Balear S.L, y Soltoft Balear S.L,. (controladas por Miguel Arenas) suponen un entramado societario que vincula como socios y como receptores de dinero y participaciones al alcalde, al celador y al testaferro de ambos, Miguel Arenas", según especifica el auto. Cabe destacar que Arenas es el arquitecto del Ayuntamiento que firmaba habitualmente los proyectos urbanísticos de Hidalgo.

Jurisprudencia "unanime"

Por otra parte, los delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística justifican, según el texto judicial, el registro del Ayuntamiento y del domicilio de Jaume Massot, puesto que "su intervención en estos delitos está materializada con su firma e informes, y en otras, con su intervención y asesoramiento".

Asimismo, los delitos de cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales justificaron los registros de todos los domicilios y de las sedes societarias.

En efecto, el Ministerio Público entiende que el "entramado societario permite disfrazar la procedencia del dinero y la participación que tienen el alcalde y el celador en los negocios, así como las relaciones estables y el reparto de beneficios que efectúan", según señala el auto.

Respecto a la prevaricación, la investigación de este posible delito justifica el registro del domicilio del alcalde y de la Casa Consistorial, mientras que respecto a un delito contra la Hacienda Pública, los incrementos de renta no justificados y no declarados pueden suponer una elusión de pago de cuota tributaria en renta que pudiera ser delictiva.

Así, el juez considera que la jurisprudencia es "unánime" sobre el tratamiento tributario de "rentas delictivas" y la posible comisión del "delito contra la Hacienda Pública", además de otros delitos como "malversación o blanqueo". Asimismo, el auto indica que se podría haber eludido la "obligación del pago del impuesto de transmisiones", por lo que "cabe la eventualidad de que esta infracción tributaria pudiera ser delictiva".

En esta línea, el auto indica que el "entramado de empresas existente", la "participación en ellas de los investigados" y la "información económica" con que se cuenta, resulta "esclarecedora" de la "incompatibilidad entre la renta existente y de la que disponen y el gasto efectuado" tal como resulta del informe de la Agencia Tributaria, resuelve el auto.