El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias por un presunto delito de usurpación contra el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la ocupación el pasado verano de la finca Las Turquillas, en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del Ejército.

Fuentes judiciales han informado de que ha sido el magistrado del Alto Tribunal andaluz Jerónimo Garvín el encargado de abrir las diligencias por dicho presunto delito de usurpación contra el parlamentario de IU, al que ha citado a declarar como imputado el próximo día 4 de abril.

La causa contra Sánchez Gordillo y otros 53 militantes y simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) la llevaba el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Osuna, pero este se ha inhibido en favor del TSJA dada la condición de aforado del diputado autonómico, han añadido las fuentes. Ese juzgado llamó a declarar el pasado mes de noviembre a gran parte de los simpatizantes del SAT, quienes se negaron a hacerlo, así como al secretario general del sindicato, Diego Cañamero. Este desoyó la citación y no compareció después de haberse declarado "insumiso" judicial, lo cual, como viene sosteniendo, "no es un empeño ni una chulería", sino un acto de "protesta".

Sánchez Gordillo y los 53 jornaleros denunciados ocuparon Las Turquillas el pasado 24 de julio y permanecieron allí durante 18 días, hasta que fueron desalojados. El SAT apuntó que la finca, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene 1.200 hectáreas, la inmensa mayoría en baldío, dado que el Ejército sólo utiliza 20 hectáreas para la Yeguada. Por ello, pidió que "las tierras públicas pasen a concurso para que las cooperativas las puedan adquirir ahora que están en desuso".

El Alto Tribunal andaluz archivó en febrero dos causas abiertas contra el dirigente de IU a raíz de su actuación como piquete informativo durante la huelga general del día 29 de marzo de 2012 en un instituto de educación secundaria de El Rubio (Sevilla) y en un supermercado, una oficina de la Diputación de Sevilla, una oficina de empleo, una finca y una tienda de la localidad sevillana de Estepa.

Exceptuando el caso del supermercado, el TSJA aseveró que "no es constitutivo de infracción penal afear la conducta a quienes no secundan la huelga ni acudir en masa a los establecimientos abiertos al público sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física, con la finalidad de provocar que los responsables tomen la decisión de cerrar el establecimiento, a menos que, manifestada por estos la decisión de mantenerse en el puesto de trabajo, el piquete lo impida físicamente o mediante amenazas verosímiles". El tribunal añadió que en los "incidentes" reseñados, y siempre exceptuando el caso del supermercado, "solo se advierte la existencia de conversaciones, acompañadas de la presión ambiental típica de un piquete de huelga".

"Más dudas" le suscitó el caso del supermercado, donde a la entrada y en presencia de la Guardia Civil, Sánchez Gordillo se entrevistó con el responsable y le instó a cerrar, "previniéndole de que no lo abriera cuando el piquete se marchase", a lo que el responsable se negó. Sobre este caso, el TSJA concluye que el diputado "quiso forzar la decisión" del responsable de mantener cerrado el local, "advirtiéndole de manera creíble y verosímil de que, de no hacerlo, en los días siguiente acudirían y causarían desórdenes".

"Ello comporta la amenaza de la producción de daños con cierta significación económica que sí roza el límite de lo admisible en el contexto de un piquete de huelga", una conducta que "podría constituir todo lo más una falta de amenazas" pero no un delito, ya que, entro otros aspectos, "el daño con que amenazaba, aun siendo verosímil, resulta de escasa incidencia para un establecimiento con un importante volumen de negocio".

El TSJA devolvió la causa al Juzgado de Estepa en lo referente a lo ocurrido en el supermercado para analizar si Sánchez Gordillo pudo incurrir en una falta, pues al no ser delito es el órgano judicial competente para ello.

En verano, miembros del SAT llevaron a cabo otro tipo de movilizaciones, como el asalto a varios supermercados, de donde se llevaron distintos productos sin pagar para entregarlos al Banco de Alimentos, según dijeron, motivo por el que fueron imputados una decena de jornaleros.