La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado este miércoles dar traslado a la Conselleria de Justicia del escrito del Ayuntamiento de Orihuela (Alicante), en el que informó a la Presidencia de este organismo de su intención de recuperar el edificio que sirve de sede de los juzgados, según han informado fuentes del TSJCV en un comunicado.

El pasado 19 de febrero, la Junta de Gobierno Local de Orihuela aprobó presentar una demanda de desahucio por precario del Palacio de Justicia de la localidad contra la Generalitat, ya que el edificio es de titularidad municipal, está "pagado y escriturado" por el consistorio y lleva "ocupado ocho años sin ningún tipo de convenio".

Según explicó en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo oriolano, la socialista Antonia Moreno, el Ayuntamiento lleva "más de un año" intentando firmar un acuerdo con el Consell para desarrollar la rehabilitación de los antiguos juzgados como centro de salud, lo que ha derivado en la decisión de emprender las acciones judiciales.

Moreno indicó que el secretario autonómico de Justicia, Antonio Gastaldi, anunció que "suscribiría, antes de la pasada Navidad, el acuerdo al que había llegado" con el municipio, después de haber mantenido varias reuniones con el alcalde, Monserrate Guillén, el secretario autonómico de Hacienda y el director general de Patrimonio.

"Hasta aquí hemos llegado. Tienen un borrador de convenio que le enviamos, tienen tasaciones nuestras, documentación del registro, nos han tenido trabajando intensamente durante todo un año y desde que Serafín Castellano es conseller de Justicia, se apagó la luz", dijo.

Según explicó la portavoz, el consistorio y Conselleria alcanzaron un acuerdo "muy ventajoso socialmente para Orihuela", por el que la Generalitat tenía que construir un centro de salud en la zona del Rabaloche por 2,1 millones de euros, así como permutar los edificios de los nuevos y los antiguos juzgados, pagando otros tres millones "de diferencia de valor entre ambos".

"Queremos la permuta, queremos el dinero —que ha cifrado en tres millones de euros— y con ese importe, que es de todos los oriolanos, construir el centro de salud", recalcó la portavoz municipal, mientras que la presidenta del PP de Orihuela y concejal en el Ayuntamiento, Pepa Ferrando, manifestó que la medida aprobada por la junta de Gobierno local "es nula de pleno derecho" e incidió en que había sido acordada sin el "prescriptivo informe" de Secretaría.

Exposición de carteles en la ciudad de la justicia

En otro orden de cosas, la Sala de Gobierno del TSJCV ha acordado aprobar los nombramientos de los jueces de paz de Ayodar, Montanejos y Zucaina, así como informar favorablemente ante la petición de CCOO de realizar una exposición de carteles en el hall de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

Además, ha dado luz verde a los acuerdos de juntas de jueces en varios partidos judiciales sobre regulación de uso de salas de vistas, información de la carga de trabajo, modificación de calendarios de guardia y otros.

Según las mismas fuentes, este miércoles Antonio Ferrer ha firmado ante la Sala de Gobierno el ingreso como magistrado de la sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.