Las recomendaciones de la Comisión Europea hechas públicas este martes en el informe sobre la Segunda revisión del programa de asistencia financiera para la recapitalización del sector no son recetas de obligado cumplimiento para España, en opinión de los analistas consultados por este diario. Forman parte, eso sí, de un proceso "de toma y daca" entre el Gobierno español y la troika para poder flexibilizar los objetivos de déficit público para España.

La propia Bruselas reconoce que "no se excluye revisar la senda de reducción del déficit" debido a las dificultades que supone cumplir los compromisos adquiridos en el actual entorno recesivo. La idea del Gobierno es alargar varios años el proceso (actualmente la exigencia es llegar al 2,5% en 2014) que deberá, eso sí, finalizar con un objetivo de déficit cero.

Las autoridades europeas, que reconocen los claros avances alcanzados por España, "no tienen la seguridad de que a partir de ahora se vayan a cumplir los objetivos", explica José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra. En su opinión, las recomendaciones expresadas por Bruselas (reducción de los productos y servicios beneficiados con el IVA reducido y subida de impuestos a carburantes, entre otros) forman parte de "este juego de presiones mutuas".

Si bien son solo recomendaciones, las recetas marcadas por la troika han supuesto doctrina para el Gobierno en un buen número de ocasiones, sobre todo a raíz de la firma del Memorando de Entendimiento exigido para el rescate al sistema financiero español. Así, aunque la mayoría de las exigencias de BCE, FMI y Comisión Europea estaban relacionadas con el sistema financiero, el MoU impuso también cierta condicionalidad a las cuentas públicas.

En julio de 2012, tras la firma del MoU, entre las exigencias marcadas por los socios europeos se fijaron la subida del IVA. Apenas una semana después ya se había aprobado una subida del tipo general del 18% al 21%, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. También se recomendó la eliminación de la deducción por compra de vivienda, una norma que entró en vigor el pasado 1 de enero.

No fueron las únicas reformas "macroeconómicas" dictadas por la troika. En septiembre se presentó el llamado Plan Nacional de Reformas, un documento que recogía 43 medidas a implementar en los siguientes seis meses. Entre las "reformas" destacaban la creación de un supervisor de las cuentas públicas, tal como exigía el Eurogrupo, y una reforma integral del sistema de pensiones que asegure su sostenibilidad, una de las obsesiones constantes de Bruselas.

El último informe de la Comisión Europea sigue la línea de otros documentos lanzados por la troika acerca de España. Todos inciden en que se avanza en la buena dirección, pero que hay que seguir profundizando en las reformas. Estas son algunas de las exigencias de Bruselas: