El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que interpuso la Junta de Castilla y León contra la ley por la que se trasladaron a Cataluña los papeles de Salamanca en 2006, una serie de documentos incautados durante la Guerra Civil por las tropas franquistas a la Generalitat republicana y otras instituciones.

El recurso contra la Ley de "restitución a la Generalidad de Cataluña de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española y de creación del Centro Documental de la Memoria Histórica", que ha sido desestimado por el TC, denunciaba lo que la Junta de Castilla y León considera un "expolio" del mismo por su división, con el envío de una parte central a Cataluña, tras 25 años de reclamaciones.

No obstante, la resolución señala que el envío de los papeles de Salamanca, en 2006, no vulnera la obligación que la Constitución impone al Estado de custodiar dichos documentos de este valor histórico, como argumentaba la Junta, que aseguraba que con la separación se priva al archivo de su sentido global de memoria sobre toda la represión de la postguerra y se "desvirtúa y mutila el Archivo General de la Guerra Civil Española".

En su recurso, la Junta castellano-leonesa recordaba que en 1979 los documentos incautados "por los organismos represores" fueron integrados en el Archivo Histórico Nacional, ubicado en Salamanca, "beneficiándose de la protección que el ordenamiento jurídico dispensa a éste y los demás archivos estatales". Después, por la voluntad del Ejecutivo Estatal, pasaron a formar parte del Archivo General de la Guerra Civil Española, que finalizó el traslado en 1999.

El recurso señalaba también que dicho archivo fue creado para custodiar "todo el patrimonio documental concerniente a la represión política" por lo que debería "garantizar la integridad del Archivo y su permanencia como tal en manos del Estado". No obstante, el TC considera que "la protección del interés de los propietarios originarios o sus sucesores de recuperar lo que en su momento les fue incautado, que se promueve con la restitución legalmente prevista, constituye un interés constitucionalmente legítimo", desestimando así la petición de la Junta.