El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha firmado un convenio de colaboración con la Fundación Tutelar Sonsoles Soriano con el objetivo de evitar situaciones de exclusión social o vulneración de los derechos de las personas con discapacidad que no cuentan con apoyo familiar, y también tiene presente a aquellas familias que estén a cargo de personas discapacitadas y necesiten asesoramiento jurídico.

La Fundación Tutelar Sonsoles Soriano, representada por su presidenta Georgette Bugnion de Soriano, cumple ya diez años de andadura gracias a la colaboración con entidades y administraciones públicas como el Ayuntamiento capitalino.

Los servicios sociales municipales, a través del IMAS, ofrecen a las personas que padecen discapacidad —y a sus familiares en el caso de que los tengan— una atención profesional cualificada creando al mismo tiempo una red multidisciplinar de atención a la discapacidad.

La responsable del área, Alicia Álvarez, considera que este tipo de convenios "permiten a las personas discapacitadas intelectuales lograr la autonomía necesaria, garantizándoles información, valorando sus necesidades y sobre todo evitando la institucionalización siempre que sea posible". "Para ello damos el apoyo necesario a las familias para orientarles en el cuidado de personas discapacitadas que estén a su cargo", añadió.

El proyecto incluye un área de asesoramiento social para dar a conocer los distintos recursos comunitarios; un asesoramiento y seguimiento jurídico para abordar asuntos como la incapacitación, tutela, testamento, permisos u otro tipo de medidas protectoras, y un asesoramiento familiar, que pretende divulgar patrones de conducta para la integración sociofamiliar del discapacitado.

Al mismo tiempo se ofrecerán charlas divulgativas a través de la Fundación, así como apoyo y asesoramiento a los profesionales de entidades públicas que trabajen en temas de discapacidad.

La responsable de Atención Social indicó que este tipo de convenios son "necesarios", ya que "se trata de trabajar con entidades que tienen los recursos y que no sólo reciben una ayuda económica, sino que siguen las pautas y el recorrido marcado por los trabajadores de los servicios sociales, que son los que tienen el primer contacto con los que acuden en busca de ayuda".

En este sentido, el convenio recoge como prioridad lograr reducir el número de personas con discapacidad que se encuentran en situación de exclusión social, siguiendo de cerca el número de expedientes tramitados, así como el nivel de mejora en la calidad de vida individual y familiar de las personas con discapacidad intelectual.