El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) ha admitido este viernes a trámite la demanda de arbitraje presentada por Repsol contra la expropiación del 51 % de YPF por parte del Gobierno de Argentina, informaron fuentes de la petrolera española.

La demanda fue interpuesta por Repsol el pasado 3 de diciembre, una vez transcurrido el plazo de seis meses desde que se notificara a Argentina la existencia de una controversia y su intención de llevar el caso ante un arbitraje internacional en caso de no ser compensada por lo que considera un "expolio".

La petrolera española entiende que, entre otras cuestiones, Argentina ha violado el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina en 1991.

Tras la admisión de la demanda, se formará un tribunal integrado por tres árbitros: uno nombrado por Repsol, otro por Argentina y otro de común acuerdo. Si no hay consenso entre las partes, el tercer árbitro sería nombrado por el CIADI.

Una vez conformado el tribunal, Repsol y el Gobierno argentino podrán presentar sus respectivas alegaciones. Los procedimientos ante el CIADI comprenden una etapa de actuaciones escritas y una fase oral posterior y suelen tener una duración media de entre tres y seis años desde la constitución del tribunal.

En dichas alegaciones, Repsol concretará las reparaciones y compensaciones por los daños causados por la expropiación, según fuentes de la petrolera, que apuntaron que el hecho de haber ido a un arbitraje no excluye la posibilidad de negociar directamente con el gobierno argentino.

Repsol considera "ilícita" y "discriminatoria" la expropiación del 51 % de YPF -ya que sólo afectó a las acciones de Repsol-, y que la operación ha vulnerado los estatutos de la firma argentina, que establecen que en estos casos hay que lanzar una opa y compensar al expropiado.

La compañía española aspira a que se declare ilícita la actuación de Argentina y se le condene por ello a restaurar la situación y a indemnizarle por los daños y perjuicios ocasionados. Hasta la "nacionalización", llevada a cabo en abril, Repsol era el máximo accionista de YPF, con el 57,4 % del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau ha valorado en 8.000 millones de euros.