Miles de egipcios han participado este martes en las marchas convocadas en El Cairo en rechazo a las irregularidades detectadas durante el referéndum constitucional, mientras las autoridades defendieron la supervisión judicial de la votación.

Tres días después de que diez provincias del país votaran el proyecto de Carta Magna, las denuncias de que la votación se vio empañada por las infracciones llevaron en esta jornada a los opositores al texto a salir de nuevo a las calles de la capital.

Como viene siendo habitual en las últimas jornadas de protestas, las manifestaciones comenzaron en distintas mezquitas de El Cairo y tenían como meta la plaza Tahrir, donde la oposición mantiene una acampada desde hace casi un mes, y el Palacio Presidencial. La mezquita Al Nur, en el barrio de Abasiya, y la de Raba Adawiya, en Nasr City, fueron los principales puntos de inicio de las marchas, que no fueron tan multitudinarias como en anteriores ocasiones.

Los lemas más coreados fueron contra el presidente egipcio, Mohamed Morsi, y contra los Hermanos Musulmanes, a los que acusan de monopolizar la redacción de la Constitución.

El Frente de Salvación Nacional (FSN), que agrupa a la mayoría de la oposición que quiere un sistema político laico y convocó las marchas, ha reiterado este martes que se debe repetir la primera vuelta del plebiscito por la irregularidades y pidió que se aplace la segunda ronda, prevista para el próximo sábado.

La coalición alegó que no se dará una supervisión judicial completa, después de que la principal asociación de jueces del Consejo de Estado —órgano de la justicia administrativa— anunciara este lunes su boicot a la segunda vuelta.

En cuanto a las infracciones, el Ministerio de Justicia ha anunciado que las denuncias por supuestos delitos penales cometidos en el referéndum serán investigadas por primera vez en los tribunales. Un portavoz de este departamento, Ahmed Salam, ha explicado en una rueda de prensa que han pedido a siete tribunales penales en distintas provincias del país que estudien los supuestos delitos denunciados por varias ONG durante la primera ronda de la votación.

"Es la primera vez en la historia de Egipto que se hará una investigación penal de denuncias en una votación", señaló Salam. Las impugnaciones por violaciones administrativas serán estudiadas como hasta ahora por la Comisión Electoral, agregó el portavoz, que subrayó que la primera ronda del plebiscito se celebró bajo una completa supervisión judicial.

En este sentido, un portavoz de la Comisión Electoral, el juez Mahmud Abu Shusha, afirma que los jueces estuvieron presentes en todas las mesas y negó que hubiera personas supervisando el referéndum que no fueran magistrados, como denunciaron algunas ONG. Abu Shusha explicó en una rueda de prensa que la comisión ha tratado todas las denuncias recibidas sobre supuestas irregularidades y rechazó la validez de la mayoría de ellas.

La mayoría de las denuncias son "similares" e incluían "mentiras basadas en hechos que no son reales", dijo el juez, que aseguró que tienen una base de datos con todos los magistrados que supervisaron la votación. El portavoz también negó que el presidente de la comisión, Zaglul al Balshi, haya dimitido de su puesto, como apuntaban algunas informaciones difundidas en los medios de comunicación locales.

La oposición, representada por el premio nobel de la paz Mohamed el Baradei, el exsecretario general de la Liga Árabe Amro Musa, el excandidato presidencial Hamdin Sabahi, y el presidente del partido nacionalista Al Wafd, El Sayed el Badaui, rechaza el texto de la Carta Magna porque fue aprobado por una Asamblea Constituyente dominada por las fuerzas islamistas, y alega que recorta derechos y libertades, además de abrir la puerta a una interpretación islamista de la ley, entre otros.