Legislatura menguante, recortes crecientes. La legislatura más corta de la Democracia en Cataluña, apenas dos años, ha dejado los recortes sociales más generalizados que, según la oposición del gobierno catalán, entidades sociales y colectivos, socavan un Estado de bienestar forjado durante décadas.

Eliminar la universalidad de las ayudas familiares por hijos menores de 3 años, restringir el acceso a la Renta Mínima de Inserción (RMI), recortar salarios a funcionarios e interinos, cerrar urgencias de ambulatorios, camas y quirófanos, reducir profesores o suprimir la convocatoria de nuevos mossos d'esquadra, son algunos de los recortes que ha consumado el gobierno de CiU a raíz de la crisis económica.

Conjugado bajo el nombre de "ajustes" y "austeridad", CiU ha impuesto el euro por receta, un aumento de las tasas universitarias de hasta el 67 %, el encarecimiento del transporte público, una nueva tasa turística y un descenso de subvenciones y ayudas a las ONG, especialmente a las que se dedican a la cooperación.

Y todo ello en apenas 22 meses, cuando la situación en Cataluña es de "emergencia social", en opinión del coordinador de Cruz Roja, Enric Morist, y el director de Cáritas, Jordi Roglà.De poco han servido las múltiples manifestaciones de médicos, maestros, policías e indignados en general

Un total de 646.306 parados en octubre, de los que más de 250.000 no cobran ningún subsidio, con uno de cada cinco catalanes viviendo en el umbral de la pobreza, con 102 desahucios diarios y unas entidades sociales desbordadas por el aumento de las necesidades de los que caen en la exclusión social dibujan este escenario.

De poco han servido las múltiples manifestaciones, algunas multitudinarias, de médicos, enfermeras, maestros, policías, movimiento 15-M e indignados en general, que han jalonado la recortada legislatura del gobierno de CiU, que en 2011 rebajó un 10 % el presupuesto de Salud, y en 2012 lo volvió a reducir un 4,8 %.

La consecuencia de ello, además del malestar de los trabajadores de la sanidad pública, se ha traducido en un notable aumento de las listas de espera, especialmente sangrante en los casos de necesidad de una intervención quirúrgica programada.

El departamento de Salud ha reconocido que, a finales del año pasado, había más de 80.500 personas en listas para ser operadas, casi 24.000 más que el año anterior, un incremento del 42 % con respecto a las personas que precisaban cirugía a finales de 2010.

Además de los recortes, que supusieron una reducción del 8,3 % de las camas hospitalarias en el 2011 y el cierre de quirófanos por las tardes, Salud ha puesto en marcha el pago del euro por receta.

Las manifestaciones contra el conseller de Salud protagonizadas por médicos y enfermeras al inicio de la legislatura se han diluido en los últimos meses, aunque las paredes de hospitales y ambulatorios son un mural de quejas, agravios y reivindicaciones contra los recortes, con carteles que rivalizan con los de las recomendaciones de dejar de fumar o hacer más ejercicio físico.

Las farmacias, que no han cobrado aún las recetas dispensadas en agosto y que protagonizaron el pasado 25 de octubre un histórico primer cierre patronal del sector para reclamar los impagos de la Generalitat, han sido las últimas víctimas de las telarañas que crecen en la tesorería autonómica, siempre pendiente de los traspasos que les haga el Gobierno central.

No mejor ha ido en la enseñanza, donde el profesorado está soliviantado por los recortes salariales, la eliminación de la sexta hora, la disminución, según los sindicatos, de unos 3.000 maestros interinos y sustitutos, la escasez de recursos materiales y el parón en la construcción de nuevos colegios.

En dos años, el presupuesto de las universidades públicas catalanas también se ha reducido un 18 %, mientras que las tasas por matriculación universitaria han crecido hasta un 67 %.

Las entidades sociales, además de ver rebajadas sus subvenciones, conciertos y convenios sustancialmente, suspiran cada final de mes con poder cobrar lo que les adeuda la administración. De hecho, hasta en dos ocasiones la Generalitat ha dejado de pagar los conciertos sociales mensuales, que todavía adeuda a muchas entidades de discapacitados, residencias de ancianos y centros de menores o drogodependientes.

Hasta los presos catalanes se han quedado sin merienda, suprimida por los recortes en el departamento de Justicia, que también ha rebajado un 5 % cada año la retribución de los abogados del turno de oficio y ha creado nuevas tasas de acceso a la justicia.

Mientras tanto, el índice de pobreza en Cataluña, que ha crecido casi tres puntos en los últimos años, sigue su escalada desbocada por un paro que no cesa de atormentar a la sociedad.