El Gobierno de Castilla-La Mancha pretende acortar "a la mitad" los plazos de adjudicación de vivienda pública, que actualmente son de entre año y medio y dos años, a fin de poder dar salida al stock de este tipo de vivienda "vacía y sin usar" que tiene en su poder.

La titular de Fomento, Marta García de la Calzada, en una entrevista en Castilla-La Mancha Televisión recogida por Europa Press, ha señalado que ésa es la intención que quiere plasmar el Ejecutivo en el nuevo decreto que prepara sobre vivienda.

De la Calzada ha insistido en la necesidad de "agilizar" y "flexibilizar" los procedimientos actuales, que "son muy largos y complejos" y que no permiten cambiar la calificación de las viviendas, para que pasen de venta a alquiler.

La consejera ha incidido en que los precios de las viviendas se bajarán "entre un 20 y un 25 por ciento" respecto a su precio actual, en función de dónde estén ubicadas esas viviendas y que se prestará especial atención a las familias que necesiten una "atención preferente", a las que se les ofrecerán "alquileres sociales".

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene tasados unos 3.500 inmuebles en stock, 2.500 de ellas son viviendas protegidas en manos de promotores privados y unas 1.000 son propiedad de la empresa pública Gicaman.