El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró este lunes, en una comparecencia en el Senado para explicar unas declaraciones en torno al alto el fuego de ETA, que "la Justicia no está para favorecer procesos políticos, pero tampoco está para obstaculizarlos".

Durante su intervención ante la comisión de Justicia de la Cámara Alta, Conde-Pumpido dijo que en la medida que la ley de partidos aprobada por el Parlamento, "interpretada sin trampas, aplicada sin inventos y sin atajos, sirva para que no haya más muertos, no consentiré que el ministerio fiscal deje pasar la ocasión de aplicarla con ese fin".

El fiscal general dio también algunos datos de la labor de la Fiscalía desde la declaración de alto el fuego por parte de ETA y señaló que en este periodo el ministerio público ha acusado en juicios a 56 personas relacionadas con la banda terrorista.

Además, según Conde-Pumpido, se ha logrado la condena de 49 y durante 2006 ha formulado escritos de acusación contra 66 personas, mientras que en 2005 fueron sólo 39.

"Hemos aguantado 40 años de terrorismo"

La intervención del fiscal general del Estado en el Senado se realizó a petición del PP para que explicara unas declaraciones efectuadas el pasado 9 de junio en Vitoria durante un congreso de la asociación Jueces para la Democracia.

Conde-Pumpido insistió en que "los jueces y fiscales de este país hemos vivido y vivimos la realidad social de cada momento; hemos actuado sobre ella y hemos contribuido a cambiarla".

Conde-Pumpido manifestó que la única garantía de las víctimas del terrorismo -tanto del etarra como del islamista- "era y es la aplicación imparcial, serena y firme del Derecho, a todos los justiciables por igual", y añadió que esa es la razón por la que ha procurado "que la Ley se aplique con rigor".

Asimismo dijo que desde marzo no se ha producido ningún acercamiento de presos al País Vasco y recordó que la Fiscalía trató de impedir la excarcelación de dos etarras imputados por la muerte del senador del PP Manuel Giménez Abad, que han quedado en libertad después de que la Audiencia Nacional haya considerado que no existían indicios de criminalidad contra ellos.

El PP pide dimisión

A pesar de estos datos, el senador del PP Agustín Conde acusó al fiscal general de ser "el abogado defensor del presidente del Gobierno" y le reprochó la eventual rebaja de la petición de pena al preso etarra José Ignacio de Juana Chaos y haber alcanzado un acuerdo de conformidad con siete acusados de violencia callejera.

Conde llegó a atribuir a la "deficiente instrucción" del juez Baltasar Garzón la libertad de los dos acusados de la muerte de Giménez Abad, pese a que este magistrado no sólo no ha instruido la causa, sino que su única intervención en ella se produjo precisamente para impedir su salida de prisión el pasado mes de julio.

El senador del PP terminó su intervención diciéndole al fiscal general que no le gusta ni su actitud ni el desempeño de su cargo e invitándole "vivamente" a dimitir.