La Defensora del Pueblo propone que los funcionarios cobren la mitad de la paga de Navidad

Soledad Becerril
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en una imagen de archivo. (EFE)
  • Considera que una parte de la paga suprimida correspondería a un periodo de trabajo ya realizado puesto que el real decreto ley fue aprobado el 15 de julio.
  • Insta al Gobierno a que concrete la forma en que se compensarán las cantidades suprimidas y reclama que se busquen fórmulas adicionales.
  • Soledad Becerril dice no haber encontrado "motivos suficientes" para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha propuesto al Ministerio de Hacienda que la supresión de la paga extraordinaria de Navidad a los funcionarios no sea total, sino proporcional y se realice a partir del pasado 15 de julio cuando se aprobó la normativa que reguló esta medida de ajuste.

Esta es una de las recomendaciones que la Defensora ha formulado a varios ministerios para que incluyan modificaciones que "mejoren" el real decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, sobre el que, no obstante, no ha encontrado "motivos suficientes" para presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Dice no haber encontrado "motivos suficientes" para presentar un recurso de inconstitucionalidad Así, a Hacienda y Administraciones Públicas le ha sugerido que no retire la totalidad de una de las pagas extra de los funcionarios, tras haber recibido "numerosos escritos" que cuestionan su supresión, informa la institución en un comunicado.

Becerril considera que una parte de la paga suprimida correspondería a un periodo de trabajo ya realizado puesto que el real decreto ley fue aprobado el pasado 15 de julio.

Además, la Defensora insta al Gobierno a que concrete la forma en que se compensarán las cantidades suprimidas y reclama que se busquen fórmulas adicionales a las reflejadas a la norma, "puesto que no todos los empleados públicos afectados tienen planes de pensiones o contratos de seguro colectivo".

En cuanto a las medidas del Gobierno que afectan a la ley de dependencia, Becerril ha emplazado a los ministerios de Empleo y de Sanidad a revisar el sistema de afiliación, alta y cotización de los cuidadores en el entorno familiar.

Con ello, pretende evitar que las personas que no pueden pagar las cuotas por su situación económica queden fuera del sistema.

Cree que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado puesto que el real decreto ley fue aprobado en julio La Defensora estima que los cuidadores no profesionales realizan una función social "que representa un considerable ahorro de fondos públicos en materia social y sanitaria", por lo que habría que facilitar que permanezcan dentro del sistema.

La reforma de la ley de dependencia, según explicó entonces la ministra de Sanidad, Ana Mato, tenía entre otras finalidades potenciar los cuidados profesionales de los dependientes sobre los cuidadores familiares, a los que el cambio normativo ha reducido un quince por ciento la paga y les exige unos conocimientos mínimos para concederles la asignación.

La Defensora recomienda, además, que se establezcan medidas de apoyo para la inclusión de los cuidadores no profesionales en el sistema de la Seguridad Social, "teniendo en cuenta posibles situaciones de dificultad como la edad, las cargas familiares o el historial previo de cotización".

Por último, solicita al Ministerio de Empleo que detalle "claramente" en el reglamento los supuestos en los que los solicitantes de la Renta Activa de Inserción (RAI) pueden salir al extranjero sin perder la prestación ni su condición de demandante de empleo.

Según el comunicado, tal y como está redactada esta norma, el programa establece que el solicitante debe buscar trabajo activamente durante doce meses consecutivos y que una salida al extranjero "por cualquier motivo o duración" anula la inscripción como demandante de empleo.

También solicita que se incluya a las personas con discapacidad entre las que no tienen la obligación de haber extinguido la prestación por desempleo de nivel contributivo o el subsidio por desempleo de nivel asistencial para acogerse al programa de Renta Activa de Inserción, al igual que ocurre con las víctimas de violencia de género o con los inmigrantes retornados.

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