El PSOE estudiará la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad por vulneración de los derechos de las personas en relación con lo que considera "supresión" de asistencia sanitaria pública para los inmigrantes irregulares.

"La derecha española no debería copiar a la extrema derecha griega, que también está recurriendo a perseguir a los inmigrantes", ha declarado este sábado a la prensa el secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del PSOE, Antonio Hernando.

El responsable socialista y la representante de UGT Ana María Corral se han reunido este sábado con una quincena de asociaciones de inmigrantes, que han pedido a partidos, organizaciones sociales y sindicales apoyo para que se presenten recursos de inconstitucionalidad en ese sentido.

Las asociaciones han acordado un manifiesto contra la retirada de la tarjeta sanitaria desde el 1 de septiembre a los residentes irregulares y el proyecto del Ministerio de Sanidad para que éstos y otros extranjeros que no coticen, ni sean asegurados ni beneficiarios, paguen una cuota mensual para ser atendidos.

El documento, leído por el portavoz de Madres Dominicanas (VOMADE) Pedro Álvarez, interpreta que es la imposición de un "peaje" que viola derechos fundamentales, unas medidas "punitivas de la sinrazón" y un "retroceso" sin diálogo con el movimiento asociativo inmigrante.

Al mismo tiempo, son "imposibles" por la situación económica general y de los irregulares en particular.

En rueda de prensa conjunta, Hernando ha indicado que en los próximos días se concretarían los términos del posible recurso y ha acusado al PP de hablar de la inmigración y "sembrar racismo y xenofobia" cuando tiene problemas electorales "muy graves, como ahora en las encuestas".

En declaraciones posteriores, ha apuntado que serían 50 diputados o senadores socialistas los que presentarían el recurso.

Ha augurado que las medidas de Sanidad serán "ineficaces", no ahorrarán, sino que se colapsarán los servicios de urgencia; "injustas" porque se abocará a la enfermedad a quien necesite atención, e "inmorales" porque atentan contra la dignidad de las personas.

Al mismo tiempo, ha criticado que la ministra de Sanidad, Ana Mato, y el Gobierno estén "desaparecidos" y "escondidos" detrás del director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Moreno.

Este responsable ministerial afirmó el viernes que el tratamiento de los pacientes crónicos será financiado por el país de origen del inmigrante, en caso de que exista un convenio de colaboración bilateral en este sentido, ya que se le trasladará la factura correspondiente.

"Que Mato vuelva y dé la cara", ha reclamado Hernando, para quien el Gobierno debe reconocer que "se ha equivocado" y que todas las personas que viven en España van a tener la asistencia como hasta ahora, pues han contribuido a crear prosperidad y ahora se les quiere dar "una patada".

"Hoy dan un respuesta —ha enfatizado—, mañana otra y al día siguiente, ya veremos ... Quizás Mariano Rajoy piense que mirando a otro lado sea suficiente, pero seguro que no porque esas personas van a seguir aquí".

Ha considerado "evidente" que algunos dirigentes del PP han dicho claramente que "los sin papeles tienen que irse", para concluir que parece que al Gobierno "le sobran" todas las personas que suponen un gasto público.

Por UGT, Corral ha coincidido en que el Gobierno dice una cosa un día y otra distinta al siguiente "sin rigor ni base jurídica", pero con la intención "clara" de que los inmigrantes vuelvan a sus países.

La presidenta de honor de VODAME, Bernarda Jiménez, que llegó a España hace 26 años, ha dicho que los inmigrantes reclamarán sus derechos "donde haga falta".

"España la hemos construido entre todos —ha enfatizado—, con sangre inclusive, la de Lucrecia Pérez Mato, inmigrante dominicana asesinada hace 20 años (...) y ahora, en las malas, no puede ser 'el váyanse, que ustedes sobran'".

Ha recordado cómo ahora también los españoles van a trabajar a los países de origen de los inmigrantes, por lo que ha reclamado "igualdad de trato".

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha dejado claro que la Ley de Extranjería establece que los inmigrantes irregulares tienen que abandonar el país y ha avisado de que no cumplir con la legislación vigente "trae problemas".

"Naturalmente aquellos extranjeros que están en situación irregular en nuestro país y no tienen capacidad de regularizar su situación no pueden permanecer aquí", ha defendido.

"Si no, no seremos nunca un país serio, creíble y solvente", ha subrayado calificando de "obviedad" esta afirmación.

El dirigente 'popular' ha lamentado que "durante muchos años" se haya permitido esta inmigración irregular, algo que genera "todos los problemas" que sin embargo no crean quienes se trasladan a España de forma legal y permanecen en el país "en la misma situación que los ciudadanos españoles".

Alonso ha garantizado que España es "un país civilizado" en el que "nunca se ha dejado de atender a nadie" y donde "siempre se presta atención sanitaria a todo el mundo".

"Cuando una persona tiene un problema lo primero que se hace es atenderle y después ya se ve cuál es su situación", ha remarcado antes de recordar que hay países "vecinos" de la Unión Europea donde "primero cobran y luego atienden".

Pese a ello, Alonso ha reconocido que si el debate se plantea desde un punto de vista "serio" es "evidente" que la sanidad pública tiene un coste que pagan "todos los españoles". "No veo cómo se puede justificar que un extranjero que está en situación irregular no pague y todos los españoles paguen. Eso no responde a ninguna lógica", ha argumentado.