El Gobierno se ha comprometido a dar un papel más importante al Banco de España en detrimento del Ministerio de Economía y a disminuir las funciones de las cajas de ahorros antes de final de año, según revela el borrador del Memorándum de Entendimiento asociado al rescate del sistema financiero acordado entre Bruselas y el Ejecutivo español, el cual tendrá que ser aprobado definitivamente en las próximas semanas. Quitar la deducción por vivienda y subir el IVA, entre lo acordado.

Las 32 medidas a las que obliga el documento deberán irse adoptando progresivamente a partir de finales de este mes y concluir en junio del año que viene. El texto, no obstante, que aún es un borrador, tendrá que ser aprobado el próximo 20 de julio, y para ello será necesario superar las reticencias de Finlandia, que exige "garantías colaterales" a España, según palabras del propio ministro de Economía español, Luis de Guindos.

Entre esas condiciones, el texto insta a España a transferir al Banco de España la potestad de sancionar  y conceder licencias para la banca española mediante una nueva legislación, aunque bajo la tutela del Banco Central Europeo (BCE), y a llevar a cabo un ejercicio interno para detectar posibles deficiencias en su funcionamiento.

Según el documento, "debe garantizarse un mayor refuerzo de la independencia operativa del Banco de España".

El texto, que establece las condiciones a cambio de la ayuda de hasta 100.000 millones de euros, obliga también a llevar a cabo una profunda revisión del sector bancario español que incluirá la aprobación antes de finales de agosto de una legislación que refuerce el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y del fondo de garantía de depósitos.

Además, las autoridades españolas tendrán que presentar rápidamente a Bruselas planes de liquidación ordenada de los bancos no viables que necesiten fondos públicos para avanzar el trabajo con el objetivo de que la CE pueda aprobar dichos planes de reestructuración o resolución para noviembre.

Entre otras condiciones, se impone que los bancos a los que se les concedan ayudas transfieran sus activos problemáticos a un 'banco malo' o sociedad de liquidación, reduzcan el número de sucursales y su plantilla, vendan participaciones industriales y limiten el salario de sus ejecutivos.

El Gobierno español enviará los planes a la Comisión Europea, que los analizará conforme a las normas comunitarias, y luego transmitirá al Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional.

El proceso comenzará "inmediatamente", este julio, con las entidades del denominado Grupo 1 (Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), es decir las que ya están controlados por el FROB y sobre las que se conocen en general sus necesidades de financiación pública.

Sobre las cajas de ahorros, España tendrá que emprender en los próximos meses una reforma de estas entidades para que terminen por dejar de controlar sus bancos comerciales mediante una legislación, que se deberá preparar antes del fin de noviembre.

Se exige además que se declare la incompatibilidad entre la presencia en los consejos de administración de las cajas y los de los bancos que controlan.

España se compromete, por otra parte, a preparar antes de que termine noviembre una "hoja de ruta" con el fin de que los bancos que hayan recibido ayudas coticen en Bolsa.

El texto establece que los accionistas y titulares de híbridos (entre ellos, las participaciones preferentes) y de deuda subordinada de los bancos que requieran financiación pública asuman una parte de las pérdidas, de manera que todo el peso de la reestructuración no recaiga sobre las arcas públicas y, por tanto, sobre el contribuyente.

"Tras asignar pérdidas a los accionistas, las autoridades españolas tienen que tomar medidas de los titulares de capital híbrido y de los titulares de deuda subordinada en aquellos bancos que reciban capital público", señala el memorándum.

El Gobierno español deberá, en este sentido, preparar una legislación que obligue a los accionistas y a los titulares de híbridos a asumir la mencionada quita, en caso de que no sea posible alcanzar el reparto de la carga esperada de manera voluntaria.

El Banco de España, junto con la Comisión Europea y la Autoridad Bancaria Europea, controlará las operaciones de conversión de los instrumentos híbridos y subordinados en deuda sénior o en acciones. Además, el organismo regulador controlará que las ejecuciones de responsabilidades subordinadas no ofrezcan una prima de más del 10% sobre el precio del mercado hasta diciembre.

Europa reforzará, por su parte, su papel de supervisión del sector bancario español, de forma que una suerte de 'troika' (formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea, en lugar del Fondo Monetario Internacional) verificará el cumplimiento, con "misiones" e informes trimestrales por parte de España.

La CE estará, en esta línea, autorizada a llevar a cabo inspecciones in situ en cualquier institución financiera que se beneficie de las ayudas para asegurar que se cumplen las condiciones.

España, por su parte, se compromete a ofrecer a estos organismos los datos necesarios para vigilar el conjunto del sector bancario y a ofrecer, por ejemplo, datos semanalmente sobre depósitos bancarios y sobre la situación de liquidez de las entidades.

Con el objetivo de corregir el déficit, el Gobierno español tendrá que aplicar estrictamente las nuevas disposiciones de la Ley de Estabilidad y crear una institución independiente que controle la política presupuestaria.

En concreto, el Eurogrupo pide a España que introduzca un sistema tributario consistente con el esfuerzo de consolidación fiscal y uno que apoye más el crecimiento, que suba el IVA, una nueva reforma laboral, el alargamiento de la edad de jubilación y que garantice un sesgo menos marcado hacia el endeudamiento y la propiedad de viviendas -es decir la eliminación de la deducción por vivienda-.

España está comprometida con corregir su déficit excesivo hasta 2014, tras recibir un año más por parte de la UE para rebajar el porcentaje del 8,9% del PIB al 2,8%, indica el documento. En particular, debería garantizar el cumplimiento de los objetivos del 6,3% del PIB en 2012, del 4,5% en 2013 y del 2,8% en 2014" y presentar antes fin de mes el plan plurianual 2013-2014 con especificaciones de medidas estructurales necesarias para corregir el déficit excesivo.