Los abogados de oficio del sumario por los atentados del 11-M advirtieron este jueves de que plantearán a la Audiencia Nacional que no señale el comienzo del juicio hasta dentro de dos años.

Además compararon la situación de sus defendidos, desde el punto de vista material, con los presos de Guantánamo.

En una rueda de prensa, García Peña, acompañado por el resto de sus colegas, calificó de "escándalo" y "tomadura de pelo" la situación en la que ejercen la defensa de los acusados por "ausencia absoluta de medios".

"Ausencia absoluta de medios"

Los abogados aseguraron que no han participado en el acuerdo que, según dijo el Ministerio de Justicia el pasado 31 de agosto, había alcanzado con estos letrados, y que es falso que dispongan de un equipo de intérpretes y traductores de árabe para poder comunicarse con sus defendidos.

El Ministerio de Justicia informó de que había alcanzado un acuerdo con el Colegio de Abogados de Madrid para triplicar la remuneración de estos abogados, con un límite de 20.000 euros, y se comprometió a la creación de un grupo de intérpretes y traductores de árabe.

Para los abogados de oficio, la retribución "aceptable" ascendería a 60.000 euros, cantidad que fue rechazada en su día por el ministro de Justicia.

Vulneración del derecho de defensa

Los letrados sostuvieron que la actual situación sigue vulnerando el derecho de defensa en el proceso del 11-M "ante la pasividad del Ministerio de Justicia".

Por ello, cada letrado considerará la opción de solicitar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que va a celebrar el juicio, que suspenda indefinidamente todos los plazos y trámites procesales y no señale el comienzo de la vista hasta dentro de dos años.

Además, "dado que la vulneración de derechos constitucionales se ha convertido ya en vulneración de derechos humanos", cada abogado valorará acudir en amparo al Tribunal de Estrasburgo.

García Peña negó que su estrategia sea la de dilatar el proceso o conseguir la consecuencia procesal que supondría el que, una vez transcurrido el plazo máximo establecido en cuatro años de prisión provisional, los encausados sean puestos en libertad.