En la memoria colectiva figuran algunos casos polémicos. Por ejemplo, el de Julián Muñoz, que recibió una jugosa cantidad —unos 350.000 euros— por conceder en 2008 una entrevista exclusiva en un plató de televisión de Telecinco y cuando se encontraba en régimen de tercer grado penitenciario.

También Luis Roldán recibió una jugosa cantidad por responder a algunas preguntas ante las cámaras de un espacio.

Ahora el Congreso debate si es legal que la televisión pague a condenados e imputados por ir a sus espacios.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha defendido este miércoles en la Comisión de Justicia una iniciativa para tratar de que se impida a las televisiones pagar entrevistas a condenados con indemnizaciones pendientes, e incluso a los imputados. "Hay que evitar que el crimen genere derechos de autor", sostiene.

Según Oramas, los poderes públicos no pueden permanecer "impasibles" ante este tipo de entrevistas que vienen a "subrayar la perversión de valores que supone que un crimen genere beneficios a su autor o a sus familiares por ir a una televisión a hablar de ello".

"Paradójicamente, se premia con sustanciosos emolumentos a delincuentes condenados por contar directamente en televisión sus particulares versiones (si no exculpatorias, autojustificativas) sobre los delitos que cometieron, sin que conste que hayan restituido a las arcas públicas las cantidades robadas o las multas e indemnizaciones impuestas", apunta.

La diputada de CC apela al "contrasentido" que supone que esos medios televisivos que premian a delincuentes "prestan el servicio público de televisión sobre la base de concesiones públicas realizadas por el Estado".

Ahora el Congreso debe decicir.