Amnistía Internacional (AI) ha expresado este miércoles su preocupación por que la crisis económica que atraviesa España "pueda convertirse en una crisis de derechos humanos" por la adopción de medidas que limiten el derecho a la salud, la educación, la libertad religiosa o de expresión.

Así lo ha advertido el director de la organización en España, Esteban Beltrán, en la rueda de prensa de presentación del informe de 2012 sobre el estado de los Derechos Humanos en el mundo. Para AI, la crisis y los ajustes no pueden ser la excusa para recortar al acceso a la atención sanitaria, para que descienda el nivel de protección de las mujeres víctimas de violencia machista o para que se lleven a cabo desalojos forzosos sin alternativa de alojamiento o compensación.

Estos han sido algunos de los "aspectos negativos" que, según Beltrán, ha supuesto el cambio de Gobierno a finales del 2011, un hecho que también ha tenido efectos positivos.

Entre éstos ha destacado la circular de la Policía de que no se realizarán redadas indiscriminadas de inmigrantes, que se haya mantenido el Plan Nacional de Derechos Humanos y se esté avanzando en la elaboración de un reglamento de funcionamiento de los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE).

El director de AI también ha hecho un llamamiento al Gobierno sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de controlar "manifestaciones pacíficas". "Cualquier Estado tiene la obligación de reprimir las manifestaciones violentas, pero debe tener también mucho cuidado con que la disolución de protestas pasivas no tenga un impacto sobre la libertad de expresión", así se trate de "las formas más molestas de protesta, como las sentadas o acampadas", ha advertido.

La evolución de la situación en el País Vasco tras el anuncio de ETA del cese definitivo de su "actividad armada" también está siendo "seguida muy de cerca" por AI. Para la organización, el País Vasco "necesita una agenda de Derechos Humanos" que incluya tres asuntos: que las víctimas obtengan reparación y justicia, que la tortura y malos tratos también tengan reparación y justicia, y la eliminación de la "legislación excepcional" como el régimen de incomunicación o ciertos artículos del Código Penal.

Tras anunciar que "en breve", AI realizará una visita al País Vasco, Beltrán ha subrayado: "No vamos a desfallecer hasta que los Derechos Humanos se conviertan en algo que no sea una moneda de cambio y se apliquen en todos los casos".

El caso contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de la desaparición de víctimas del franquismo también aparece en el informe de AI junto a los 13 casos de presuntos delitos de derecho internacional cometidos fuera de España contra ciudadanos españoles que "avanzan con mucha lentitud y se enfrentan a obstáculos considerables" en la Audiencia Nacional.

Por contra, la organización no hace mención de los numerosos casos de robo o adopción ilegal de niños por no tratarse de un asunto en el que estén involucradas las autoridades, ha explicado Beltrán.