La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualad, Ana Mato, ha asegurado que los inmigrantes irregulares podrán recibir asistencia sanitaria en atención primaria a través de los convenios que firmen las comunidades autónomas con las asociaciones y organizaciones que apoyan y atienden a este colectivo.
Así está previsto, ha aclarado, "en el marco del desarrollo reglamentario", insistiendo en que "no va a quedar nadie desatendido en España", tampoco los inmigrantes en situación irregular infectados por el VIH o enfermos de cáncer, que tendrán esa asistencia sanitaria "cubierta".
La ministra ha dicho que la Ley General de Sanidad sigue vigente "al cien por cien", lo que garantiza una sanidad "universal, gratuita y de calidad".
El pasado mes de abril, Mato anunció que, según el Real Decreto aprobado por el Gobierno sobre medidas para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, los inmigrantes irregulares se quedarían sin tarjeta sanitaria el próximo 31 de agosto, aunque estuvieran empadronados.
Así, se modificará la Ley de Extranjería y se exigirá a los extranjeros los mismos requisitos que para los españoles, pero seguirán teniendo acceso a las urgencias y, especialmente, los menores y las embarazadas seguirán teniendo cobertura completa.
"No hay un cambio de modelo"
Mato ha reiterado este miércoles en una entrevista en RNE que la decisión forma parte de una medida encaminada a acabar con los "abusos" y nos equipara con otros países europeos, donde la sanidad "funciona de esa manera y no pasa nada". Con esta medida el Gobierno pretende ahorrar 1,500 millones de euros.
La ministra ha dicho que el Real Decreto Ley ha sido un avance "importante" para garantizar la viabilidad de la sanidad y que, en contra de lo que se afirma desde diversos sectores, "no hay un cambio de modelo" con la nuevas medidas, sino un si sistema sanitario más "eficiente".
Dentro de los recortes que incluye la norma está el pago de parte de las prótesis, los productos dietéticos e incluso el transporte sanitario no urgente, ya que se consideran "servicios accesorios" sujetos a aportación por parte del usuario. No obstante, Mato explica que "ninguna persona mayor que necesite transporte para ir al médico va a dejar de tenerlo".
La ministra ha incidido también en que nadie que necesite una ambulancia para acudir, por ejemplo, a diálisis va a tener que pagar este servicio y ha señalado que la medida "en ningún caso va a causar ningún perjuicio".
La ministra ha rechazado, por otra parte, la posibilidad de establecer en un futuro un copago por consulta o noche de hospitalización y ha afirmado que "la reforma es la que es".
Respecto a la posibilidad de que algunas comunidades no apliquen las medidas de ajuste, Mato ha recordado que las normas estatales tienen que cumplirse y "si alguien no cumple la ley habrá que obligarla", para lo cual están los tribunales.
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