El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de separación del servicio impuesta a un sargento del Ejército de Tierra que consumía cocaína habitualmente y ordenó a los soldados bajo su mando en el Regimiento de Artillería de Campaña número 20 de Zaragoza que le consiguiesen droga para su consumo.

Lo ha acordado la sala de lo militar del alto tribunal en una sentencia que desestima el recurso que presentó el sargento contra las dos sanciones impuestas en 2009 por Defensa por realizar "actos gravemente contrarios a la disciplina, servicio o dignidad militar que no constituyan delito" y por "consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas con habitualidad".

Según el expediente sancionador y la propia declaración del sargento, desde septiembre de 2007 hasta febrero de 2008 éste solicitó a varias soldados destinados en su Regimiento, hasta en cinco ocasiones, que le proporcionaran cocaína para su consumo personal. Asimismo, se considera probado que el militar consumió dicha sustancia en tres ocasiones en un periodo de tiempo inferior a dos años.

El recurrente no discute la realidad de ninguno de estos consumos pero plantea la hipótesis de que lo consumido en el primero de ellos no fuera droga, sino una sustancia adulterada por haberle estafado al adquirirla, un argumento que rechaza el Supremo. Los datos aportados por el sargento ponen de relieve que "no se trató de ninguna sustancia inocua" pues él mismo declaró que se trataba de cocaína y que experimentó el "efecto euforizante típico de esa droga", por lo que ordenó a sus soldados que le consiguieran más.

También rechaza el alto tribunal la afirmación del militar de que no puede estimarse acreditado que su conducta, que afectó a la dignidad militar, incidiera en el servicio y la disciplina. Según la sentencia, su comportamiento supuso una "quiebra de la confianza de la tropa en la rectitud de conducta del sargento recurrente y, en consecuencia, la imposibilidad por su parte de practicar, exigir y fortalecer la disciplina (...) al haber minado por completo ante sus subordinados su propia autoridad".

El Tribunal Supremo ha avalado también la expulsión del Ejército de un sargento condenado a tres años de prisión por un delito continuado de agresión sexual cometido en 2005, cuando asaltó a ocho mujeres y, tras amenazarlas, les efectuó diversos tocamientos.

El militar, sargento del Ejército del Aire, consideró desproporcionada la sanción disciplinaria de separación del servicio y recurrió al alto tribunal. Alegaba que los hechos por los que fue condenado no habían lesionado "el decoro y la dignidad de la institución militar", que había pagado las indemnizaciones a sus víctimas, que ingresó voluntariamente en prisión para cumplir la condena y que en la cárcel asistió a talleres y conferencias y fue auxiliar de biblioteca.

Para el Supremo, sin embargo, la expulsión resulta proporcionada, ya que "es innegable el grave daño que para el crédito e imagen de las Fuerzas Armadas supone que uno de sus integrantes resulte condenado por un delito continuado de agresión sexual (...), lo que colisiona frontalmente con los deberes de probidad, rectitud, moralidad y decoro que la pertenencia a lo Ejército impone".

La sentencia dictada por la sala de lo militar destaca también la naturaleza del delito, "especialmente execrable y merecedor por ello de una intensa y generalizada repulsa social, con la consecuente afección a la dignidad institucional de las Fuerzas Armadas", lo que lleva a los magistrados a considerar "acertada y justificada" la sanción de separación del servicio.