El sector de las renovables está en pie de guerra desde que el Gobierno paralizara temporalmente a principios de año la concesión de ayudas a las nuevas instalaciones. Los motivos que alegó entonces el Ejecutivo fueron la crisis económica que atraviesa España y el elevado déficit de tarifa, que supera los 24.000 millones de euros actualmente.

Según el Real Decreto Ley 1/2012, desde el día 27 de enero de 2012 se suspenden "los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos", una medida que no afecta a las instalaciones ya en marcha, a las primas ya autorizadas ni a las plantas ya inscritas en los registros del ministerio de Industria. "No hay retroactividad", subrayó el titular de esta cartera, José Manuel Soria.

El Ejecutivo justificó esta decisión por "la compleja situación económica y financiera" que atraviesa España y mientras se pone en marcha una reforma integral del sistema eléctrico. Soria aseguró además que no se compromete ni el cumplimiento de los objetivos de renovables fijados para 2020 ni el de los compromisos europeos, ya que hay "margen de maniobra".

Sin embargo, esta medida supone "un duro golpe" para un sector en el que nuestro país destaca considerablemente. "Si España ha sido líder mundial en algo, ha sido en las renovables. Esta decisión va a retrasar el desarrollo tecnológico e irá contra una industria nacional que sobresale", afirmó el presidente de presidente de la Fundación Renovables, Francisco Javier García Breva.

Además, unas treinta organizaciones ecologistas, sociales y empresariales entregaron a Soria una carta para que rectifique sobre la moratoria a las primas de las renovables asegurando que "condenará al paro a miles de personas en todos los sectores tecnológicos relacionados con las renovables".

El déficit tarifario es la diferencia entre lo que los ciudadanos pagan por el consumo eléctrico y su coste real. En el año 2000, el Gobierno del PP decidió aprobar unas tarifas que no incluían la totalidad de los gastos (distribución, mantenimiento, etc.) para luchar contra la inflación y mantener bajos los precios de la electricidad.

Desde entonces, se ha mantenido esa desviación y el déficit de tarifa ha ido aumentando hasta oscilar actualmente entre los 24.000 millones de euros, según el Ejecutivo, y los 28.500 millones que estima la Comisión Nacional de Energía. "Más preocupante que el propio problema del déficit de tarifa es el ritmo de su crecimiento anual, que está en el entorno de unos 3.000 a 5.000 millones", aseguraron a 20minutos.es fuentes del ministerio de Industria.

Para el Gobierno, "la suspensión temporal de las primas a las renovables es una medida necesaria para contener la creciente escalada del déficit tarifario". Además, respecto a la posición de liderazgo que ocupa en este ámbito, aseguran que "un paréntesis temporal" de la aprobación de nuevas instalaciones "no va a relegar a España de su posición privilegiada en este sector". A pesar de que no existe una cifra oficial, el Gobierno espera ahorrar "cientos de millones de euros" con esta decisión.

Para el sector, esta decisión es un "gravísimo error histórico" fruto de la "improvisación", según García Breva. La medida, que calificó de "injusta", supone en su opinión un "despropósito" y no contribuye a acabar con la crisis, en un escenario de subida de precios del petróleo y del gas. "Parar las renovables solo va a contribuir a que se consuma más petróleo, gas y carbón importado", lo que aumentará la dependencia, lamentó.

Además, el presidente de la Fundación Renovables está convencido de que esta iniciativa provocará pérdidas de empleo y recordó que el sector da trabajo a 180.000 personas y que tiene previsto generar 300.000 puestos hasta 2020, según el Plan de Energías Renovables. "En un grave escenario de desempleo, se para un sector que crea puestos de trabajo", criticó.

Para los consumidores se trata de una medida positiva, según el ministerio de Industria. "Es el ciudadano, más concretamente el consumidor de energía eléctrica, el que paga las primas a las renovables a través del recibo de la luz. En consecuencia, la moratoria le favorece", explican. Sin embargo, el sector de las renovables no lo tiene tan claro, ya que alegan que el Gobierno tiene un planteamiento "sesgado" porque no tiene en cuenta el coste real de la generación de la energía.

Para la investigación y el desarrollo, supone una paralización de los avances. Además del impacto negativo sobre el empleo, Carlos Martínez, responsable de medio ambiente de CC OO, destacó el negativo efecto sobre la I+D+i del sector, "puntero en el mundo, sobre todo en éolica y termosolar, que ocupan los primeros puestos en el número de patentes en el mundo". Según un reciente estudio sobre el impacto macroeconómico de las renovables en España —encargado por la Asociación de Productores de Energías Renovables—, la inversión en I+D+i en 2010 fue de 302,8 millones, un 4,5% de la contribución total al PIB de esta industria.

Para el medio ambiente se trata de una medida perjudicial, según los ecologistas. El responsable de Energía de Greenpeace, José Luis García, califica de "injustificable" que, mientras "se paraliza el desarrollo de las renovables", se mantenga el apoyo al carbón y se siga beneficiando la energía nuclear. García lamentó que con esta decisión, el Ejecutivo está diciendo que no quiere que España invierta en renovables, al mismo tiempo que da por bueno el actual sistema eléctrico, que —para Greenpeace— es "insostenible" por la cantidad de carbón y energía nuclear que utiliza.

Por su parte, el Gobierno sostiene que la incidencia sobre la ecología "es menor" ya que la moratoria no afecta a las instalaciones ya construidas y destaca que "se seguirá autorizando cualquier tipo de instalación renovable nueva, eso sí, sin primas".

Soria detalló que para este año las primas sumarán 7.220 millones, de los que el 71% estaría destinado a renovables (27% a eólica y 44% a solar) y el resto a la cogeneración (proceso por el que se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía térmica) y a la producción con residuos.

Además, al cierre de 2011 había en España 36.221 megavatios instalados de régimen especial, lo que supone alrededor de un tercio del total de potencia, y que cubrieron también alrededor de una tercera parte del consumo.