El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha entregado y presentado en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012. De esta forma, ha dado salida a su tramitación parlamentaria, que tendrá su primer clímax en la votación del debate de totalidad prevista para el 26 de abril. Las principales cifras de las cuentas para este año son:

El mayor volumen del gasto dentro del presupuesto de gastos del Estado (214.701,87 millones de euros) corresponde a las denominadas transferencias, que tienen una dotación conjunta de 85.519,56 millones de euros (es un 40% del total); hay dos tipos, corrientes y de capital. Las transferencias corrientes, que suman 80.497,60 millones de euros de gasto, incluyen algunas de las partidas sociales más importantes de ministerios como el de Empleo.

Hablamos, entre otras, de la aportación al Servicio Público de Empleo Estatal (que disminuye un 15,6%), los gastos para dependencia (que bajan un 5,6%), las becas y ayudas a estudiantes (bajan en un 11,6%), la partida para organismos de investigación (disminuye en un 3,5%), la subvención a RTVE (-37,4%) o la Agencia Española de Cooperación Internacional (su presupuesto baja en un 74,2%). Por ministerios, el presupuesto se reduce así:

Los gastos de personal del Estado subirán un 1,3 % en 2012, hasta 27.338,60 millones de euros, por el aumento del 7,9 % en los gastos de las clases pasivas (régimen en el que cotizan los funcionarios), al crecer los pensionistas con pagas actualizadas y a pesar de la congelación salarial.

Por otra parte, la asignación que recibe anualmente la Casa del Rey disminuirá durante 2012 un 2,01%, al pasar de los 8,43 millones de euros del pasado ejercicio a 8,26 millones, con lo que el recorte de esta partida a lo largo de los dos últimos años es del 7,19%. La asignación presupuestaria de la Casa se mantuvo congelada en 2010 y disminuyó en 2011 un 5,28%, desde 8,90 millones de euros hasta 8,43 millones, a petición de la propia institución.

El Gobierno ha decidido, además, congelar las retribuciones de los altos cargos del Gobierno, de sus órganos consultivos, de la Administración General del Estado y otro personal directivo, que cobrarán lo mismo que a 31 de diciembre de 2011. Así, el sueldo del presidente del Gobierno será de 78.185,04 euros anuales (el mismo que el de su antecesor); el de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, de 73.486,32 euros, y el de los ministros, de 68.981,88 euros.

Como es habitual, los salarios de los miembros del Gobierno son más bajos que los de otros cargos de altas instituciones del Estado, excepto el presidente del Consejo de Estado, que tendrá una retribución de 77.808,96 euros. Sin embargo, para el presidente del Consejo Económico y Social se han asignado 85.004,28 euros.

El coste de la actividad legislativa experimentará en 2012 un recorte global del 4,6%, derivado de los descensos en los presupuestos del Congreso y el Senado, junto al capítulo de Cortes Generales, Defensor del Pueblo y Junta Electoral Central (JEC). Todo ello supondrá para las arcas públicas 206,6 millones de euros, 10 millones menos que el año pasado.

El Banco de España, por su parte, contará con un presupuesto de 479,6 millones de euros, un 4,8% más que el año pasado debido, sobre todo, al inicio de la producción masiva del billetes de 5 euros de la serie dos. La fabricación de estos billetes supondrá un gasto de 79 millones de euros, y hará que la partida total para billetes y monedas aumente en un 47%, hasta los 95 millones.

Las medidas fiscales que ha adoptado el Gobierno lograrán un incremento de los ingresos en 12.300 millones de euros.

La previsión de ingresos por IRPF para 2012 es de 73.106 millones de euros, con un incremento de 3.303 millones (4,7%) en relación con la recaudación de 2011. No obstante, los beneficios fiscales atribuidos a este impuesto para 2012 se cifran en 15.108,50 millones de euros, un 9,2% menos que en 2011; esto es una consecuencia de la disminución del número de declarantes y de rentas sujetas a este impuesto.

Las desgravaciones fiscales previstas para 2012 ascenderán a 38.102,7 millones de euros, el 5,6 % menos que en 2011. El descenso en la desgravación fiscal del IRPF es especialmente patente en la deducción por inversión en vivienda habitual, que tendrá una caída del 13,8 %, a pesar de que se ha aumentado el número de contribuyentes que pueden acceder a ella en función de su renta.

En cuanto al IVA, acontece algo parecido, ya que la aportación de incentivos se recorta el 4,3 %, debido a la crisis y a la prórroga del tipo superreducido del 4 % a las entregas de viviendas nuevas. Se espera que los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido en 2012 asciendan a 47.691 millones de euros, con un descenso de 1.611 millones respecto a 2011 (un 3,3%).

Por otro lado, los beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades caen el 1,7 %, por la mala coyuntura económica que implica menos empresas con ganancias y un empeoramiento de sus resultados contables. Los ingresos por el Impuesto sobre Sociedades presupuestados para 2012, ascienden a 19.564 millones de euros, 2.953 millones más que en 2011 (un 17,8 por ciento).

La inversión del sector público estatal en las comunidades autónomas superará este año los 15.500 millones de euros, cifra casi un 25% inferior a la de 2011: solo en Galicia y el País Vasco crecerá, según el proyecto de los Presupuestos.

Las comparaciones territoriales o entre años de estas inversiones pueden inducir a error al ser "frecuentemente sesgadas y escasamente significativas", asegura el Gobierno. De este modo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una inversión en infraestructuras de una comunidad puede beneficiar tanto o más a otra; o que hay inversiones "singulares e irrepetibles", como un aeropuerto, por lo que, en opinión del Ejecutivo, sólo considerando periodos relativamente largos puede valorarse la actuación en un determinado territorio.

No están incluidos además en estas cifras los convenios de carreteras, los convenios de transporte urbano, las ayudas de incentivos regionales o el tratamiento fiscal diferenciado a ciertas comunidades. De la cifra total, Andalucía sigue siendo la comunidad más beneficiada, con 1.851 millones de euros, aunque la reducción respecto a la inversión en 2011, tal y como figuraba en el proyecto de presupuestos de ese año, es del 37,7%.

Montoro ha asegurado que no aceptará "excusas ni pretextos" de ninguna comunidad autónoma en materia de consolidación fiscal porque no caben las "posturas autóctonas" en la lucha contra el déficit y porque hay que cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas.

El ministro de Hacienda ha explicado que las cuentas responden "al gravísimo momento económico que atraviesa España" y que son un "presupuesto extraordinario en términos de las medidas que contienen, del gasto y del incremento de ingresos". El presupuesto, ha dicho, se está ejecutando desde el 1 de enero y su objetivo es "cumplir con el objetivo de déficit" marcado por Europa, un compromiso "sine qua non" para superar la crisis.

En este sentido, el titular de la cartera de Hacienda se ha mostrado "convencido" de que el desafío de estos Presupuestos es recuperar la confianza de los socios europeos, de los inversores y de los acreedores españoles. Los PGE garantizan, ha dicho, "que a través de sus instrumentos" se perjudique lo menos posible "el crecimiento económico".

Montoro ha innovado este año con la entrega de las cuentas públicas en formato QR, es decir, con la presentación de un cartel con un código QR que, leído con una aplicación informática, permite acceder directamente a una gran cantidad de información. En años anteriores, los presupuestos se entregaban en un lápiz de memoria o 'pen drive', acompañado de un CD-ROM y el clásico 'Libro Amarillo' de índice-resumen de las cuentas públicas.

En esta primera entrega de los PGE por parte de Montoro, la tradicional foto del ministro con su equipo económico se ha realizado en el Patio de Floridablanca que separa los edificios parlamentarios en lugar de en la puerta principal, conocida como Puerta de los Leones. El patio fue también el escenario de la presentación de los últimos presupuestos socialistas, en septiembre de 2010, por Elena Salgado.

Montoro ha llegado al Congreso quince minutos antes de la hora prevista, sobre las 10 horas, acompañado por los secretarios de Estado de Hacienda, Miguel Ferre; de Presupuestos y Gastos, Marta Fernández Currás; y de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Juntos han posado con el código QR y, posteriormente, han sido recibidos por el presidente del Congreso, Jesús Posada, en su despacho.

Unos cinco minutos más tarde, los responsables gubernamentales, el presidente de la Cámara Baja y el presidente de la Comisión de Presupuestos, Alfonso Guerra (PSOE), han acudido al Salón de Pasos Perdidos o Salón de Conferencias, donde Posada ha valorado que la presentación de las cuentas se realiza en un formato "contemporáneo" y "más eficaz".

Hasta el 11 de abril, los grupos parlamentarios podrán solicitar la presencia en las distintas comisiones parlamentarias de los altos cargos que estimen oportuno. Estas comparecencias tendrán lugar entre el 16 y el 19 de abril. A tal fin, el Pleno que iba a celebrarse en esos días se adelantará a la semana siguiente a Semana Santa.

Y un día después de las comparecencias, a las dos de la tarde del 20 de abril, concluirá el plazo para que la oposición presente las enmiendas de totalidad, que se debatirán en el Pleno del Congreso el jueves 26 de abril. El PSOE ya ha anunciado que lo hará por tratarse de unas cuentas "profundamente injustas".

El viernes 27 será el momento de presentar las enmiendas parciales, para su análisis durante la semana siguiente en la ponencia de la Comisión de Presupuestos, que tendrá hasta el 4 de mayo para aprobar su informe. Después se abrirá el debate en la Comisión de Presupuestos, que preside el socialista Alfonso Guerra, y que antes del 11 de mayo habrá de aprobar su dictamen.

La aprobación por el Pleno del dictamen de la comisión está previsto para el jueves, 24 de mayo, tras la comparecencia en el hemiciclo de los distintos miembros del Gobierno que acudirán a presentar las partidas destinadas a sus respectivos departamentos.

Una vez que reciban el visto bueno del Pleno del Congreso, las cuentas públicas serán remitidas al Senado, donde se reproducirán las mismas etapas. La previsión es que regrese al Congreso para su aprobación definitiva en la primera sesión plenaria de junio.

Cuando se aprueben, las cuentas sustituirán al Presupuesto prorrogado de 2011, actualmente en vigor. Dicho Presupuesto fue adaptado por el Gobierno con una serie de cambios que supusieron un ajuste de unos 15.000 millones de euros.