Los ciudadanos dispondrán de unos 10 días de plazo para hacer aportaciones a la nueva Ley de Transparencia, que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, según han informado fuentes gubernamentales.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes el anteproyecto de ley y antes de su aprobación definitiva, el Ejecutivo quiere someter el texto a un trámite de audiencia pública, en el que cualquier persona podrá utilizar las webs institucionales para hacer llegar al Gobierno sus sugerencias, críticas y apreciaciones.

En principio, el Gobierno trabaja con la idea de que este 'buzón de sugerencias' a la Ley de Transparencia esté abierto unos diez días. Las aportaciones que el Gobierno considere significativas serán incorporadas a la norma.

El pasado 20 de enero el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, se reunió con la Coalición Pro Acceso, plataforma formada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil, que reclama que la nueva ley incluya el acceso a la información como un derecho fundamental, así como que el Ejecutivo designe un órgano independiente que garantice el cumplimiento de la norma.

El Gobierno tiene previsto presentar la Ley de Transparencia y Buen Gobierno el 17 de abril en Brasilia, coincidiendo con la reunión del Open Government Partnership, iniciativa internacional de gobierno abierto a la que España se ha adherido.

La nueva Ley de Transparencia establecerá una serie de principios éticos generales y también de obligaciones concretas para los miembros del Gobierno, los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.

La novedad respecto a códigos anteriores es que no se trata de recomendaciones sino que su vulneración dará lugar a la comisión de infracciones administrativas, que llevarán aparejadas las correspondientes sanciones, en palabras de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

En concreto, la ley impondrá sanciones a quienes incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fije la Ley de Estabilidad Presupuestaria; a quienes comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación; a quienes eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas (facturas no contabilizadas); y a quienes no colaboren o aporten la documentación requerida por los tribunales de Justicia o los órganos de fiscalización contable.

Por eso, el Ejecutivo se plantea que esa pena para los políticos despilfarradores sea similar a la del delito de malversación. El Código Penal fija prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez por el delito de malversación. En el caso de que la malversación revista especial gravedad puede llegar a una pena de cárcel de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta.