La juez que investiga los ERE fraudulentos ha decretado esta madrugada prisión sin fianza para Juan Francisco Trujillo, el chófer de la Junta que ha declarado que gastó 25.000 euros mensuales de las ayudas oficiales en comprar cocaína para su jefe, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, encarcelado desde el día 9.

La juez Mercedes Alaya decretó el ingreso en prisión de Trujillo a las 2.30 horas, según pidió la Fiscalía Anticorrupción, apoyada por la acusación particular que ejercen la Junta, el PP y el sindicato Manos Limpias.

La juez le ha impuesto también una fianza civil de 2,3 millones de euros destinada a sus futuras responsabilidades civiles pero no para eludir su ingreso en prisión. Fuentes del caso han informado de que Trujillo ingresará en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) para no coincidir en Sevilla-1 con Guerrero.

En una comparecencia celebrada ante la juez de instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, después de ocho horas de declaración, tanto la Fiscalía como la acusación particular pidieron prisión incondicional para Trujillo alegando el riesgo de fuga, la alarma social y la necesidad de investigar las nuevas empresas que han aparecido en su declaración.

La Fiscalía había pedido la fianza civil de 2,3 millones de euros, equivalente a las ayudas fraudulentas que el chófer recibió de la Junta, junto a los 122.000 euros percibidos por su madre y los posibles beneficios de una finca que compró con las ayudas y que vendió en noviembre de 2011, han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

Trujillo se convierte así en el segundo del medio centenar de imputados que ingresa en la cárcel, tras el encarcelamiento del exdirector general el pasado día 9, después de tres días de declaración en los que reconoció que concedía las ayudas de manera "discrecional" y que solo las conocían los más próximos a la Junta y al PSOE.

El PP, que ejerce la acusación, pidió además que la juez ordene la inmediata detención y puesta a disposición judicial de Antonio Albarracín, directivo de la aseguradora Vitalia, mediadora en los ERE investigados, que según el chófer entregó dos sobres a Guerrero con fajos de billetes.

Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ha dicho este martes a la juez que investiga los ERE irregulares que ambos consumían cocaína "a cualquier hora", gastaron 25.000 euros mensuales en esa droga y que en dos ocasiones recogió sobres con dinero para su jefe.

Abogados personados en su declaración ante la juez Mercedes Alaya han informado a la prensa de que Trujillo ha afirmado que Guerrero y él consumían "entre cinco y diez gramos diarios" de coca, droga que él preparaba al director general en bolsitas y que le iba entregando según le pidiese.

Compró la droga con las ayudas públicas que recibió de su jefe, y su suministrador era el hijo del dueño de un restaurante de la Sierra Norte sevillana que también está siendo investigado por las ayudas, han añadido los citados letrados.

Según las fuentes, Trujillo ha asegurado a la juez Mercedes Alaya que a mediados de 2007 se desplazó a Madrid por orden de Guerrero y, en la estación de Atocha, recibió un sobre con dinero de Antonio Albarracín, responsable de la aseguradora Vitalia, una de las mediadoras en los ERE.

Su segundo viaje tuvo lugar en octubre de 2007 y entonces Trujillo recibió el mismo tipo de sobre para su jefe, de tamaño folio doblado y de unos dos dedos y medio de grosor, en el despacho de Vitalia en Madrid, han añadido los citados abogados.

Trujillo ha reconocido haber percibido 1.350.000 euros de la Junta para tres empresas que creó por sugerencia del exdirector general, que en realidad eran "ficticias" y Guerrero lo sabía, así como haber cobrado 6.900 euros por otros tantos trabajos para Dhul y Delphi en los que se limitó a descargar una Memoria Económica de la propia empresa.

La juez Alaya ha calificado esos trabajos como "facturas falsas" y, a preguntas del fiscal, Trujillo ha reconocido en la sesión de tarde haber elaborado otras dos: una por importe de 6.000 euros para Estudios Jurídicos Villasís de Sevilla y otra de 78.000 euros para una empresa de Córdoba.

El chófer ha reconocido a la juez Mercedes Alaya que en la actualidad cobra el paro indebidamente pues le dieron de alta de manera ficticia dos empresarios conocidos suyos.

Con las ayudas obtenidas durante el tiempo en que fue chófer de Guerrero (2003-2007), Trujillo se compró tres terrenos y un piso en la calle San Luis de Sevilla, devolvió entre 60.000 u 80.000 euros en mano a Guerrero y, entre otras cuestiones, se gastó unos 40.000 euros en regalos para su jefe, 4.000 euros para un piano que le compró, 1.200 euros en teléfonos móviles, le pagó unos 2.000 euros en ropa, le regaló dos relojes y le compró antigüedades que él mismo trasladó a su domicilio en El Pedroso (Sevilla).

Ha explicado los 122.649 euros que percibió su propia madre porque en cierta ocasión el exdirector general le comentó que "necesitaban tener liquidez" para seguir comprando cocaína y le pidió los datos del DNI de una persona mayor de edad para hacerle los ingresos.

El exdirector general despachaba en los bares de copas que frecuentaba y presumía de su poder para otorgar subvenciones, según otra de las respuestas del chófer, que ha sido imputado de once delitos: tres de obtención indebida de subvenciones, uno de falsedad en documento mercantil, un delito continuado de cohecho, otro de trafico de influencias, un delito continuado de prevaricación, otro de malversación y tres delitos de falsedad en documento oficial.

Según los citados abogados, el imputado ha afirmado que Guerrero despachaba en los bares de copas y luego su chófer veía a esos interlocutores en el despacho oficial del director general. Trujillo "se daba cuenta de que las ayudas se concedían a personas próximas a Guerrero o al PSOE", según ha declarado.

Sobre su jefe, ha manifestado que el exdirector general encarcelado desde el pasado día 9 "recibía muchos regalos" y en una ocasión el dueño de una gasolinera le regaló un GPS con DVD y dos pantallas para instalar en su coche marca BMW.

También ha asegurado que la Junta hasta ahora solo le ha notificado la apertura de un expediente de revisión para que devuelva los 450.000 euros obtenidos por su empresa "Iniciativas Turísticas de Sierra Morena", y la juez le ha dado diez días de plazo para que explique el destino del dinero que obtuvo en noviembre de 2011 por la venta de una de las fincas que se compró con las ayudas.

El pasado viernes, la juez Alaya decretaba una fianza civil de 686 millones de euros para Guerrero, encarcelado desde hace 15 días. La jueza impuso esa medida en concepto de responsabilidad civil y no para eludir la prisión, han precisado fuentes del caso. En un auto notificado también el viernes, la juez también rechazó expulsar a la Junta como acusación particular en el proceso, como había pedido el abogado de Guerrero.