El Ministerio del Interior reducirá desde este martes en un 55% el número de escoltas privados que tiene contratados en Euskadi y Navarra para proteger a personas amenazadas por ETA.

La reducción se traducirá en que los concejales que llevaban servicio de protección asignado por el ministerio pasarán de dos escoltas por persona a uno, según ha informado la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra.

Según esta asociación, las empresas que prestan este servicio de escoltas privados han despedido en los últimos días a 425 escoltas, al reducir a partir de mañana de 789 a 364 los escoltas dependientes del Gobierno central.

Se trata del primer recorte en los escoltas dependientes del ministerio y se produce cinco meses después de que el pasado 20 de octubre ETA anunciara el cese definitivo de su actividad terrorista.

Fuentes del ministerio han confirmadola reducción de escoltas a partir del martes y han explicado que han ofrecido a las empresas en las que prestan sus servicios estos escoltas -a partir de mañana en paro- trabajar en la seguridad exterior de los centros penitenciarios de toda España para colaborar en las tareas de vigilancia propias de la Policía Nacional y Guardia Civil.

El Gobierno Vasco, que también paga parte del servicio de escoltas, ya bajó a la mitad el 1 de septiembre pasado las escoltas de los cargos públicos elegidos en las últimas elecciones locales de hace un año.  Además, se suprimió la protección de quienes dejaron de ser ediles tras esas elecciones, con excepciones.

En los siguientes meses la reducción continuó: en el Gobierno Vasco ya solo llevan escolta el lehendakari y los consejeros, y el 14 de febrero pasado dejaron de tener escolta la mayor parte de los jueces y fiscales que ejercen en Euskadi. Sólo quedan escoltados los altos cargos como el presidente o el fiscal del Tribunal Superior de Justicia.

El presidente de la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra, Santiago Fontela, ha considerado que el recorte aplicado por el Ministerio del Interior es un "duro golpe" para un colectivo profesional que se encuentra en "vías de desaparición".

"En ningún país del mundo se ha dejado en la cuneta a quienes han puesto sus vidas al servicio de la democracia y la libertad. Lamentablemente -ha añadido- España parece que será pionera también en esto".