El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dado instrucciones al fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, para investigar los restos de uno de los trenes supuestamente afectados por los atentados del 11-M aparecido en un almacén en el distrito madrileño de Villaverde.
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Así lo ha anunciado Torres-Dulce en un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad, en el que ha especificado que ha ordenado determinar si procede investigar los restos, su custodia y clarificar si existe ya algún procedimiento abierto.
Es posible que a lo mejor no exista ningún delito De estarse ya investigando, ha explicado, se archivarían las diligencias, pero, de lo contrario, el Ministerio Público solicitaría su "inmediata judicialización".
La web 'Libertad Digital' informó hace tres días del hallzago en un cobertizo de la empresa Tafesa (en el distrito de Villaverde) de chatarra del vagón en el que estalló una bomba en la estación de Santa Eugenia.
"A priori", ha explicado posteriormente a los periodistas, podría tratarse de un delito de obstrucción a la justicia, "pero es posible que a lo mejor no exista ningún delito", si bien la obligación del Ministerio Fiscal es investigar "cualquier hecho y ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial".
"Hemos operado simplemente como consecuencia de una noticia", dijo el fiscal. Cuando se tiene conocimiento de un hecho "que aparentemente pudiera resultar delictivo" o que estuviera judicializado, la Fiscalía debe fijar todos los términos procesales para poder continuar con un procedimiento.
Archivo de la causa contra el tedax
Por otra parte, ha asegurado que no comparte la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de archivar, el pasado 10 de febrero, la causa abierta al exjefe de los tedax de la policía Juan Jesús Sánchez Manzano a raíz de una denuncia de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M que le acusaba de actuaciones irregulares en la recogida y custodia de pruebas de los atentados.
El tribunal madrileño acordó "el sobreseimiento libre de la causa", instruida por la juez Coro Cillán, "por constituir la misma cosa juzgada material", una decisión que Torres-Dulce cree "equivocada" pero que la Fiscalía no recurrió porque "procesalmente no era posible" y, por lo tanto, "legalmente irrecurrible".
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