El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha concluido que la familia Ruiz-Mateos utilizaba el dinero de Nueva Rumasa para aportar capital a sus sociedades patrimoniales y mantener así su "alto nivel de vida", según el auto de dictado el 15 de febrero.

El juez ha levantado así parcialmente el secreto de sumario de las investigaciones abiertas a Nueva Rumasa, durante las que se ha detectado "numerosa documentación" sobre la presencia de las sociedades del grupo en Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile.

En concreto, el juez considera que la sociedad Bardajera actuaba como "gestora de la caja única oficial" de Nueva Rumasa y llegó a recibir 673 millones de euros del resto de sociedades del conglomerado empresarial, "gran parte de ellos procedentes de los inversionistas que adquirieron pagarés".

Según el auto, los Ruiz-Mateos distribuyeron parte de ese dinero en inyecciones de liquidez a las empresas de Nueva Rumasa, otra parte en devolver los intereses de los pagarés que iban venciendo y parte en el pago de las hipotecas de las viviendas de los hijos varones del empresario jerezano. Además, de las cuentas de Bardajera se sacaran en efectivo 78 millones de euros de los que se desconoce su destino final.

El juez recuerda que de los documentos aportados por la propia familia Ruiz-Mateos se desprende que los pagarés fueron emitidos por 13 mercantiles del grupo, obteniendo así una inversión de 337,3 euros, realizada por 4.110 inversores.

Además, el auto acuerda citar el próximo 1 de marzo en calidad de imputados a Manuel Sánchez Marín, Javier Bertolá Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo, por su presunta participación en los hechos que se investigan, mientras que tomará declaración en calidad de testigos a José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa, Pere Varias Font, María Susana Álvarez Ampuero, Jesús Fraile Delgado y Rufino Martín-Maestro.

Hace referencia a las conclusiones del Informe V, elaborado como resultado de las diligencias practicadas por la Policía, la Unidad de Delincuencia Económica, la Fiscalía, la Brigada de Blanqueo de Capitales y de la Comisaría de Policía Judicial del CNP, así como a las de los cuatro anteriores.

Entre ellas figura que las empresas de Nueva Rumasa "sufrían un situación de extrema falta de liquidez", provocada por una gestión de caja de las empresas por parte de la familia.

Para ello, "idearon la emisión de pagarés, pero el resultado les sobrepasó, dada la enorme demanda que generaron y a sabiendas de la complicada situación en la que se encontraban sus sociedades y de las enormes dificultades que tendrían el día de mañana para poder responder a los intereses y el principal invertido".

El auto recoge que, en principio, pudieron cumplir con sus obligaciones respecto a los intereses y la devolución del principal", muy probablemente gracias a un efecto piramidal; los nuevos inversores pagaban los intereses de los antiguos con sus aportaciones y cuando llegaba la fecha de recuperar el principal eran convencidos para reinvertir.

El auto acuerda citar el próximo 1 de marzo en calidad de imputados a Manuel Sánchez Marín, Javier Bertolá Navarro y Alfonso Espinosa Bermejo, por su presunta participación en los hechos que se investigan, mientras que tomará declaración en calidad de testigos a José Ramón Romero López, Rufino Romero de la Rosa, Pere Varias Font, María Susana Álvarez Ampuero, Jesús Fraile Delgado y Rufino Martín-Maestro.