La viceconsejera de Organización Educativa, Carmen Pérez-Llorca, ha advertido que las 20 horas lectivas semanales impuestas desde el inicio de curso a todos los profesores de Secundaria de la Comunidad de Madrid "no son negociables" y, además, se mantendrán "mientras dure la crisis".

Así lo manifestó la representante del departamento que dirige Lucía Figar durante la Comisión de Educación del parlamento regional, donde informó a los grupos políticos de la marcha de las reuniones con los sindicatos para evitar más huelgas en lo que queda de curso.

La negociaciones, a tenor de lo que explicó Llorca, avanzan muy lentamente, por no decir que están estancadas. La Consejería, por un lado, se niega a retirar el incremento de horas gracias al cual ha podido contratar este curso, según admitió la propia Figar, alrededor de 1.000 profesores interinos menos.

Las clases que estos impartían las han cubierto sus compañeros funcionarios estando dos horas más en las aulas (20 en lugar de 18), pero ese tiempo ha salido, a su vez, de las horas de biblioteca, tutorías, desdobles, clases de apoyo y salidas fuera del centro, que han sido recortadas. Al no alargarse la jornada semanal de los docentes, que permanece en 37,5 horas, esas actividades complementarias no han podido llevarse a cabo, en perjuicio de los alumnos.

La 'marea verde', como han autodenominado los profesores a sus protestas, ha protagonizado nueve huelgas y otras tantas manifestaciones de protesta desde el inicio de curso contra estos ajustes en la educación público, pero nada ha hecho cambiar de opinión del ejecutivo. De hecho, y ante el inmovilismo de la Consejería, lo que intentan los sindicatos CC OO, UGT, STEM, CSIF y ANPE es que el Ejecutivo regional desarrolle por ley qué funciones tienen que hacer los profesores cuando están en el centro pero no están en clase.

Así, señalan fuentes sindicales, la Comunidad no podrá acusar a los funcionarios de no atender las obligaciones que corresponden a su profesión (atender a los padres, preparar temarios, acudir a las reuniones de los departamentos) cuando ya hayan cumplido sus horarios.

La Comunidad, mientras trabaja en el prometido estudio de necesidades de profesorado, que realiza centro por centro para saber cuántos docentes son imprescindibles. Ello, sin embargo, no garantiza que los centros que han perdido profesionales con el recorte de interinos (algunos hasta 10) vayan a recuperarlos.

La mesa sectorial volverá a reunirse esta semana, aunque no se esperan grandes avances.

La viceconsejera Carmen Pérez-Llorca recordó este miércoles que la prolongación de jornada ha quedado establecida en la ley de acompañamiento de los presupuestos para 2012, en 37,5 horas semanales, de las cuales 30 son de obligada permanencia en el centro. De ellas, 25 se computarán como horario regular de los profesores, que comprende una parte lectiva y otra de carácter complementario. Las restantes, hasta completar las 30 de permanencia, se computan como horario no fijo o irregular, según recogió la agencia Europa Press.

La orden mediante la que se aplicará este cómputo, explicó Pérez-Llorca, no distinguirá por cursos y será independiente de las instrucciones que Educación envía cada año al comienzo de curso. Ello quiere decir que el próximo septiembre podría volver a haber novedades.

En la agenda de cuestiones que tratarán sindicatos y Gobierno en la mesa sectorial también está la convocatoria de oposiciones a profesor para 2012. Madrid es de las pocas autonomías que ha mostrado su voluntad de convocar plazas, aunque en níngun caso su número podrá superar la tasa de reposición del 10% (una plaza por cada diez profesores que se jubilen o abandonen).

Con lo que no piensa negociar la Consejería de Educación es con los expedientes abiertos a los docentes y directores de centros que, o bien permitieron protestas contra las instrucciones de inicio de curso en sus institutos, o bien participaron directamente en las mismas. "No es jurídicamente posible negociar expedientes en Mesa Sectorial", zanjó la viceconsejera de Organización Educativa este martes.

Por la tarde, unas 200 personas se manifestaron frente a la Consejería, en la calle de Alcalá de Madrid, para exigir a sus responsables que acaben con la "represión" sobre los profesionales de la enseñanza.