Descendientes españoles del General de la Armada Diego de Alvear y Ponce de León consideran que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Odyssey es el premio a la "eficaz y constante labor del Gobierno español, que ha sabido aunar a tres Ministerios (Exteriores, Defensa y Cultura) en su lucha por reivindicar la propiedad de los restos arqueológicos" de la fragata española 'Nuestra Señora de las Mercedes'.

"La sentencia favorable a los intereses españoles es fruto de una eficaz labor profesional tras años de una batalla jurídica que el Estado español emprendió en 2007 contra la empresa cazatesoros Odyssey Marine Exploration, que cotiza en el Nasdaq de Nueva York. Dicha empresa, que se lucra a partir del expolio de restos arqueológicos que descansan en el fondo de los mares del mundo, sufre —de nuevo y definitivamente— un revés judicial que daña claramente su reputación y su futuro", plantean en un comunicado.

Uno de los descendientes del marino Diego de Alvear, el aragonés José María Moncasi de Alvear, felicita en nombre de toda su familia al Gobierno por su "buen hacer y profesionalidad". Dicho esto, Moncasi de Alvear plantea que el Estado español lo único que ha hecho es cumplir "con creces su compromiso de defender, preservar y salvaguardar el ingente patrimonio subacuático español", en especial sabiendo que ya España ratificó el Convenio sobre la Protección del Patrimonio Subacuático (año 2009), un convenio auspiciado por la Unesco.

Asimismo, Moncasi de Alvear anima al Gobierno español a que se ejecute la sentencia (devolución de los restos arqueológicos que navegaban en la fragata 'Nuestra Señora de las Mercedes') en su plazo, diez días. "Si no es el caso España probablemente pueda caer en un error craso que nos traerá graves consecuencias para la protección del patrimonio subacuático en el futuro", apostilla.

Finalmente, apunta que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de los EEUU sienta "verdaderamente un precedente para el futuro que, sin duda, es una llamada de atención para que no se inicien procedimientos judiciales en EEUU, al menos cuando el pecio haya sido localizado fuera de los límites jurisdiccionales de este Estado y, de paso, ahuyenta a futuras empresas cazatesoros que pretendan lucrarse a partir de la historia de los españoles".