La Conselleria de Bienestar Social ha abonado a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) siete millones de euros de la deuda pendiente —tres de ellos correspondientes a la atención de enfermos mentales y cuatro del bono-residencia, este último hasta el mes de noviembre—, según han confirmado a Europa Press fuentes de la entidad.

El presidente de Aerte, Alberto Giménez, ha destacado este miércoles en un comunicado que el Consell "ha cumplido el compromiso de pago" adquirido en la anterior reunión entre la patronal y los responsables del área de Bienestar Social, por lo que, de acuerdo con la Federación Valenciana de Asociaciones de Familiares y Enfermos Mentales (Feafes-CV), ha desconvocado la concentración prevista para el próximo viernes ante el Palau de la Generalitat.

Giménez ha explicado que, ante el cumplimiento "in extremis" del acuerdo previo de pago, la patronal considera que "debe mantener la confianza en las palabras del conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré", quien ha avanzado que, respecto a los cerca de 50 millones de euros que faltan por abonar, "se pagará un 50 por ciento en el mes de febrero y el otro 50 por ciento se distribuirá en un calendario de pagos consensuado este mismo mes".

De esta forma, según Giménez, "se prevé que, en el primer tercio del año, se normalice la situación de pagos con los dependientes y los centros que prestan asistencia socio-sanitaria a este sector". No obstante, el presidente de Aerte ha incidido en que, a fecha de hoy, "solo se ha abonado hasta noviembre de 2011 el montante correspondiente a enfermos mentales y discapacitados, bonos y Prestaciones Económicas Individuales (PEIs)".

En este sentido, ha recordado que aún queda pendiente de pago el segundo semestre del año para las plazas de accesibilidad social y las referidas a la gestión de centros públicos, que afectan a unos 7.000 dependientes. Por ello, ha hecho hincapié en que la patronal se mantendrá "expectante para defender los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos que requieren de atención profesional para mantener su calidad de vida".

Alberto Giménez, quien ha mantenido un encuentro con responsables del área de la Conselleria, ha insistido en que la financiación de la atención socio-sanitaria es "prioritaria frente a otros sectores menos sensibles, ya que ésta afecta a las expectativas de vida y el bienestar de las personas".